Más de una docena de organizaciones feministas, sindicales, populares y de izquierda rechazaron la decisión del Gobierno dominicano de retirar a nueve miembros de la misión diplomática cubana y sus familiares y cuestionaron el manejo de la política exterior del presidente Luis Abinader.
En un comunicado fechado este jueves 20 de agosto en Santiago de los Caballeros, las organizaciones calificaron la medida, adoptada el pasado 13 de agosto, como “ilegal, injustificada y contraria al Derecho Internacional”. Entre los firmantes figuran el Partido Comunista del Trabajo (PCT), la Unión Clasista de Trabajadores (UCT), el Movimiento Feminista Hermanas Mirabal y la Coalición de Organizaciones Sociales y Populares del Cibao.
Los firmantes cuestionaron que el Gobierno dominicano no haya ofrecido públicamente una explicación detallada sobre las razones que llevaron a declarar persona non grata a los diplomáticos cubanos. A partir de esa falta de información, sostienen que la decisión respondería a presiones de Estados Unidos.
“La decisión ha sido dictada por mandato directo de la administración de Donald Trump y de Marco Rubio”, afirma el documento, que acusa al Gobierno de Abinader de actuar como “un instrumento dócil” de la política estadounidense hacia Cuba.
Las organizaciones también invocaron la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el bloqueo económico contra Cuba como parte de sus argumentos contra la medida.
El comunicado llama a ciudadanos, intelectuales, artistas y trabajadores a expresar su rechazo a la expulsión y a defender los vínculos históricos entre República Dominicana y Cuba.
La reacción se produce después de que el Gobierno dominicano solicitara el retiro de nueve integrantes de la misión diplomática cubana y sus familiares acreditados en el país. Los diplomáticos abandonaron República Dominicana el pasado 16 de agosto.
Hasta el momento, las organizaciones firmantes no han presentado elementos que demuestren que la decisión dominicana haya sido ordenada por el Gobierno de Estados Unidos, mientras que el comunicado atribuye la medida directamente a la administración de Donald Trump.
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