Diversas organizaciones sociales denunciaron este lunes un conjunto de acciones estatales que califican como "represivas y discriminatorias" contra la población inmigrante haitiana en República Dominicana, entre ellas la militarización de comunidades, expulsiones forzadas, y la negación de servicios básicos.
En un comunicado conjunto, entidades como Acción Afro-Dominicana, Mujeres Sociopolíticas Mamá Tingó, Fuerza de la Revolución, y otras agrupaciones solidarias con el pueblo haitiano, manifestaron su preocupación por la reciente intervención de las comunidades de Friusa y Mata Mosquitos, donde al menos tres ciudadanos haitianos habrían sido asesinados entre el 6 y el 10 de abril, en circunstancias aún no esclarecidas.
Las organizaciones exigieron una investigación independiente y transparente sobre estos hechos, que involucran la presencia de militares en zonas con alta densidad de población haitiana y dominico-haitiana.
También cuestionaron la designación de Milton Ray Guevara para la revisión del marco legal migratorio.
Ray Guevara presidía el Tribunal Constitucional cuando se emitió la polémica Sentencia 168-13, que afectó el estatus de nacionalidad de miles de personas de ascendencia haitiana nacidas en el país.
Según los firmantes, esta decisión contradice pronunciamientos previos del presidente Luis Abinader sobre dicha sentencia.
Puntos del manifiesto
Entre los puntos destacados del manifiesto están:
-
La militarización de zonas habitadas por comunidades inmigrantes y la ejecución de operativos de control migratorio sin garantías jurídicas claras.
-
La expulsión de madres haitianas con niños, algunos de los cuales han sido abandonados tras la detención de sus tutoras, según testimonios recogidos por activistas.
-
La paralización de los procesos de regularización migratoria, lo que deja a muchos trabajadores en situación irregular.
-
La falta de investigación sobre el tráfico de armas desde República Dominicana hacia Haití, señalado por informes de la ONU.
-
La contradicción entre las políticas actuales y los vínculos económicos entre ambos países, destacando que Haití fue el segundo socio comercial de República Dominicana en 2023, con exportaciones por más de 857 millones de dólares.
Según reclaman las organizaciones, la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI-2017), la población inmigrante haitiana aporta alrededor del 7.4 % del Producto Interno Bruto, cifra que estas comparan con el bajo gasto estatal en servicios destinados a esta población.
Las entidades firmantes advirtieron que el discurso de criminalización migratoria puede incentivar la violencia, el racismo institucional y el deterioro de los vínculos diplomáticos con Haití.
Finalmente, exigieron al Estado dominicano garantizar el acceso a servicios esenciales sin discriminación, reabrir las oficinas de regularización y frenar lo que califican como una política de exclusión sistemática.
Compartir esta nota