Tres meses después del levantamiento de la sanción comercial impuesta por Estados Unidos a Central Romana, organizaciones sociales denunciaron que persisten condiciones asociadas al trabajo forzado en sus plantaciones.
En un comunicado conjunto, seis entidades, entre ellas Cipros, Centro Montalvo y la UTC, afirmaron que, a pesar de que las Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) retiró la Orden de Retención (WRO) el 17 de marzo de 2025, las irregularidades laborales que motivaron esa medida no han sido corregidas de manera estructural.
La CBP había prohibido desde noviembre de 2022 la importación de azúcar dominicano por detectar, según su investigación, prácticas como retención de salarios, aislamiento, viviendas precarias y jornadas excesivas.
Las organizaciones que firmaron el comunicado sostuvieron que esos mismos indicadores siguen presentes en los bateyes, y se han visto agravados por el endurecimiento de la política migratoria en República Dominicana.
Según el documento, desde finales de 2023 el Estado dominicano incrementó los operativos de detención y deportaciones masivas, afectando directamente a trabajadores haitianos o de ascendencia haitiana, que constituyen la mayoría de la fuerza laboral en Central Romana.
El comunicado advirtió que esta situación ha generado un clima de miedo y dependencia, que limita las posibilidades de denuncia y deteriora las condiciones de vida de los trabajadores.
Las organizaciones también señalaron que la empresa ha reforzado la seguridad interna y las restricciones de movimiento dentro y fuera de los bateyes, lo cual profundiza el aislamiento físico y social, y alimenta el temor a represalias.
De acuerdo con el comunicado, estas acciones reforzaron tres indicadores definidos por organismos internacionales como propios del trabajo forzado: abuso de vulnerabilidad, aislamiento y restricción de movimiento.
En su denuncia, las entidades indicaron que persisten además otras irregularidades previamente señaladas por la CBP, como la retención parcial de salarios, la falta de remuneración por horas extra y las viviendas inadecuadas, alejadas de servicios básicos.
El comunicado cuestionó también que el levantamiento de la WRO se haya realizado sin una evaluación técnica, independiente y pública, que verificara mejoras sustanciales en el terreno.
En ese contexto, las organizaciones citan un artículo reciente del New York Times, que, según el propio comunicado, sugiere posibles influencias políticas detrás de la decisión de la CBP, debido a presuntos vínculos entre los propietarios de la empresa y figuras del gobierno estadounidense.
Finalmente, las organizaciones reafirmaron que el trabajo digno no debe estar condicionado por el estatus migratorio, y que la situación actual en Central Romana es incompatible con los estándares internacionales de derechos laborales y humanos.
Además de sus denuncias, instan a medios de comunicación, periodistas y actores internacionales a dar seguimiento, exigir transparencia regulatoria y amplificar las voces de las personas afectadas.
Centro de Investigación y Promoción Social (Cipros), Centro Montalvo, Codonbosco, Escape, Radio Seybo y la Unión de Trabajadores Cañeros (UTC), firmaron el comunicado.
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