El Ministerio Público solicitó a un tribunal de Santo Domingo Este que imponga 18 meses de prisión preventiva a ocho imputados de la red de trata de personas desmantelada el pasado fin de semana con la Operación Begonias.
La coerción fue solicitada en contra de los dominicanos J.D.C, J.D.L, W.P.D, L.Y.S.E y A.A.S.M y de los colombianos K.J.C.G, L.M.V.C y Y.E.L.M.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este fijó para este martes el conocimiento de la medida de coerción.
El Ministerio Público, representado por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, bajo la dirección del procurador adjunto Wilson Camacho, junto a la titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), Yoanna Bejarán; la Fiscalía de Santo Domingo Este, representada por su titular, Milcíades Guzmán, y las fiscales de la PETT Flor Jiménez y Ginna Matías, solicitaron la medida privativa de libertad y declarar la complejidad del proceso.
Los fiscales indicaron que cuentan con suficientes evidencias para sostener la participación de los imputados en los hechos calificados como trata de personas con fines de explotación sexual, asociación de malhechores y lavado de activos.
Sobre el caso, el Ministerio Público indicó que los imputados arrestados como parte de la Operación Begonias captaban en Colombia y movilizaban al país a las jóvenes que explotaban sexualmente.
El grupo ofertaba trabajo a las víctimas como bartender o camareras de hoteles.
El Ministerio Público detalló que después de traerlas retenían sus documentos y las amenazaban con hacerle daño a sus familiares en Colombia, al tiempo de presionarlas por una supuesta deuda de 3,500 a 4,000 dólares que le hacían pagar si querían aceptar la promesa de que podrían liberarlas.
La Operación Begonias Se puso en marcha el pasado sábado, con múltiples allanamientos en la provincia Santo Domingo, tras una investigación iniciada hace varios meses para desarticular redes transnacionales de trata de personas con fines de explotación sexual y con la que rescató a más de 40 mujeres.
El Ministerio Público contó con el apoyo de la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) y el Departamento de Trata de Personas de la Policía Nacional, así como fiscales de la fuerza de Tarea de la Dirección General de Persecución, miembros del Departamento de Investigaciones de la PETT y la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos del Ministerio Público.
La investigación contra las redes contó con el apoyo de la ONG Anti Trafficking Bureau (ATB).
Un equipo de 10 fiscales, más de 85 agentes de la Policía Nacional y varios técnicos de investigación y especialistas en atención a víctimas se movilizaron desde tempranas horas del sábado.
Durante la operación, los equipos de fiscales incautaron dinero en efectivo, seis vehículos, equipos electrónicos, cuadernos de anotaciones y diferentes drogas narcóticas.
De igual forma, se confiscaron los inmuebles que eran utilizados como espacios de operación de la red, incluyendo una edificación de varios niveles.
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