Organizaciones comunitarias, sociales, religiosas, gremiales y comerciales del municipio La Caleta denunciaron la continuidad de amenazas y ejecuciones de desalojos en comunidades del litoral, especialmente en el sector Gran Valiente, donde aseguran que decenas de familias viven en un estado de incertidumbre ante la posibilidad de perder sus viviendas.
A través de un documento público, las entidades afirmaron que los desalojos han aumentado en los últimos meses y señalaron que muchas familias han invertido años de esfuerzo en la construcción de sus casas, por lo que consideran que estas acciones vulneran el derecho a la vivienda establecido en la Constitución dominicana y en convenios internacionales suscritos por el país.
Las organizaciones solicitaron al presidente Luis Abinader declarar de utilidad pública las parcelas donde se encuentran levantadas las viviendas ocupadas por los comunitarios, además de retirar al abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria hasta que se establezcan mecanismos que permitan atender la situación.
También pidieron al Congreso Nacional aprobar una moratoria de los desalojos y crear un protocolo especial para regular estos procesos, mientras que reclamaron a la Policía Nacional intervenir para evitar, según denunciaron, la presencia de personas que aprovechan los operativos para sustraer pertenencias de los afectados.
Los grupos firmantes, entre ellos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión de Vivienda y Hábitat de Foro Ciudadano, la Red Urbano Popular, el Movimiento Municipal por los Derechos de La Caleta y organizaciones comunitarias del sector, sostuvieron que continuarán reclamando soluciones para las familias afectadas.
El conflicto por los terrenos en La Caleta se suma a otros casos de disputas por ocupación de tierras y desalojos en distintas zonas del país, donde comunidades alegan falta de alternativas habitacionales mientras propietarios y autoridades defienden la aplicación de decisiones judiciales y administrativas.
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