Cada semana, en distintas zonas del interior del país, específicamente en el Cibao Central, estudiantes y docentes de escuelas públicas son víctimas de un ciclo que se repite desde hace casi una década: intoxicaciones masivas por fumigaciones en predios cercanos a los centros educativos.
Estos químicos, utilizados en las plantaciones, terminan esparciéndose en los recintos escolares, afectando la salud de estudiantes y profesores, quienes presentan síntomas como náuseas, vómitos, erupciones cutáneas y problemas respiratorios.
Los casos se concentran principalmente en la Dirección Regional de Educación 05, 06 y 07, que agrupa siete distritos educativos en los municipios de La Vega, San Francisco de Macorís y Cotuí. De todas las zonas, donde las intoxicaciones son más reincidentes es en San Francisco de Macorís.
Un patrón que se repite desde 2017
En San Francisco de Macorís se han emitido ocho sentencias condenatorias a personas involucradas en fumigaciones de terrenos agrícolas cerca de los centros educativos.
Aunque los reclamos sobre esta práctica se han hecho públicos desde 2017, en casi 10 años la Procuraduría Especializada para la Protección del Medio Ambiente y los Recursos Naturales en esa provincia ha procesado ocho casos, de los que cinco corresponden a los últimos dos años (2023-2025).
Se han identificado siete escuelas afectadas a lo largo del tiempo de manera constante:
- Liceo Hernán José Sánchez
- Escuela Juan Antonio Alix
- Liceo Juan Emilio Bosch Gaviño
- Escuela Pedro Mir
- Escuela Angélica García Moya
- Centro Educativo Fermín Rosario Jerez
- Escuela Ana Celeste Fernández
María Brito, procuradora fiscal de Medio Ambiente en San Francisco, explicó que las sentencias corresponden a hechos reincidentes en tres de estas escuelas (Escuela Juan Antonio Alix, Centro Educativo Fermín Rosario Jerez y Escuela Angélica García Moya). En una cuarta, los implicados cumplen medida de coerción (Liceo Hernán José Sánchez).
Los involucrados: personas y empresas
Estas intoxicaciones ocurren de dos formas: por aplicación aérea (avionetas y drones) y aplicación terrestre (trabajadores con moto bombas o mochilas).
Todos los casos procesados judicialmente corresponden a fumigaciones de aplicación terrestre, no aérea. En la mayoría está involucrado el dueño del terreno y la persona que hizo uso imprudente y negligente en los horarios no permitidos, pues las autoridades han establecido acuerdos y resoluciones para restringir las fumigaciones a días y horarios no escolares, medidas que no se respetan en su totalidad.
“En acuerdos con el Ministerio de Agricultura se han solicitado los títulos de propiedad para confirmar los nombres de los propietarios, pero la disposición no se ha cumplido”, indicó Robert Frías, representante de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en San Francisco de Macorís.
Frías explicó que, a raíz de la inactividad, la ADP hizo un levantamiento de las parcelas e identificó a los responsables. Entre los involucrados mencionó un ministro sin cartera, un grupo empresarial y un exaspirante a senador.
Las empresas que aplican fumigaciones aéreas en la zona de San Francisco de Macorís son Aero Servicios del Valle (Aeroserva), Fumigaciones Aéreas del Caribe (Fumca), Agricultura Aérea (Agriasa) y Fumigaciones Aéreas (Fumar).
Según señaló Gabriel Matías, presidente de la Asociación de Aplicadores Aéreos (Aplica) y gerente general de Fumca, las aplicaciones aéreas no han causado intoxicaciones, por lo que ninguna de las empresas se ha visto involucrada en procesos penales. Además, usan un permiso que emiten las escuelas para poder realizarlas.
En el caso de Aeroserva, en 2024 la empresa fue demandada por el Ministerio de Educación por "usar agrotóxicos sin poner en conocimiento a las autoridades educativas y sin observar los protocolos correspondientes”.
“El agricultor es quien va a buscar un dron, un empleado de su finca, o quien sea para aplicar (…). Las autoridades deben concientizar al agricultor y hacer un levantamiento con los que están alrededor de los planteles escolares, que son cinco. No hay más en el país entero (…). Con esa gente es que hay que trabajar”, aseguró.
Los representantes de estas fincas han participado en reuniones con las autoridades en nombre de los empresarios, manifestando su disposición de buscar soluciones. No obstante, hasta ahora no han tomado acciones concretas.
200 intoxicaciones en lo que va del 2025
En San Francisco de Macorís, la ADP ha contabilizado al menos 200 casos de intoxicación en escuelas en lo que va del 2025, pero no tienen un número exacto. Tampoco lo tiene el Ministerio de Salud.
A pesar de los acuerdos, las resoluciones y las denuncias, las fumigaciones en horario escolar siguen ocurriendo y los estudiantes continúan siendo las víctimas.
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