La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destacó las capacidades desarrolladas por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) para prevenir y detectar riesgos de corrupción dentro de los procesos de compras y contrataciones del Estado dominicano.
Las observaciones forman parte del estudio “Implementar una visión estratégica para la integridad y anticorrupción (2026)”, en el que el organismo analiza el sistema de integridad pública de República Dominicana y las funciones de distintas instituciones vinculadas a la prevención de irregularidades.
Entre las herramientas examinadas figuran el Sistema de Alertas Preventivas y Reactivas (SAPR), la Guía de Gestión Integral de Riesgos y la matriz de riesgos aplicada a las diferentes etapas de los procedimientos de contratación.
Según la información divulgada por la DGCP, el informe considera que estos mecanismos permiten abordar riesgos relacionados con colusión y conflictos de intereses dentro de las contrataciones públicas.
Políticas de cumplimiento y relación con el sector privado
El estudio también aborda el papel de la DGCP dentro de la Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción (CPTA) y en los trabajos relacionados con la Estrategia Nacional de Integridad.
En cuanto a la relación con proveedores del Estado, la OCDE examina instrumentos como el Código de Pautas de Ética e Integridad, los lineamientos para el Programa de Cumplimiento Regulatorio, la Guía de Debida Diligencia y las políticas de Compras Verdes y Sostenibles.
El organismo plantea que los lineamientos desarrollados en esta materia puedan servir como base para avanzar hacia un sistema nacional de certificación voluntaria de cumplimiento.
En materia de transparencia, el estudio señala que República Dominicana cumple con criterios de divulgación relacionados con la publicación de los procesos de contratación y sus resultados mediante una plataforma agregada.
OCDE identifica oportunidades de mejora
Además de los avances, el informe plantea recomendaciones para fortalecer el sistema de compras públicas y su coordinación con otras entidades de control.
Entre ellas figura la creación de un marco común de gestión de riesgos que articule las herramientas de la DGCP con las de la Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).
También recomienda fortalecer las declaraciones de intereses y desarrollar capacitaciones avanzadas para los responsables de las unidades de compras de las instituciones públicas.
Otra de las propuestas consiste en evaluar la efectividad de los programas de cumplimiento implementados por empresas privadas y considerar esos mecanismos dentro de los procesos de contratación y de la aplicación de sanciones.
La DGCP indicó que utilizará las observaciones del informe como referencia para continuar desarrollando sus mecanismos de transparencia, prevención de riesgos y eficiencia en las contrataciones estatales.
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