La entrada en vigor del nuevo Código Penal de República Dominicana, establecido mediante la Ley núm. 74-25, plantea nuevos desafíos para las empresas en materia de gestión de riesgos y reputación corporativa, de acuerdo con un análisis de la firma LLYC.
La empresa de Marketing y Asuntos Corporativos sostiene que la posibilidad de imputación directa de personas jurídicas hace que la gestión de asuntos legales tenga también implicaciones para la percepción pública de las compañías y la confianza de sus grupos de interés.
Según LLYC, investigaciones relacionadas con corrupción, fraude, seguridad industrial, acoso laboral o brechas de datos pueden trascender el ámbito judicial y generar cuestionamientos sobre las prácticas y la ética de una empresa.
La firma señala que un señalamiento público puede afectar la relación de una compañía con clientes, entidades financieras, socios comerciales y otros grupos de interés, aun cuando el proceso judicial no haya concluido.
Empresas deberán incorporar el riesgo reputacional
LLYC plantea que, ante este escenario, las empresas deben ampliar la gestión de sus riesgos para incluir situaciones que puedan afectar su reputación y preparar mecanismos de respuesta ante eventuales crisis.
Iban Campo, director general de LLYC en República Dominicana, consideró que las empresas pueden utilizar el cumplimiento de las nuevas disposiciones como una oportunidad para fortalecer sus políticas de integridad y transparencia.
“Frente a la percepción de la norma como un costo o una amenaza, las empresas tienen la oportunidad de convertir la ética transparente y el blindaje reputacional en un factor de diferenciación competitiva”, afirmó.
Entre las medidas recomendadas por la firma figura realizar una auditoría de vulnerabilidad reputacional para identificar la exposición de las marcas ante los nuevos riesgos y detectar posibles brechas antes de que deriven en situaciones de crisis.
También propone establecer protocolos de crisis y vocería coordinados con las áreas legales, así como manuales de gestión y pautas de comunicación para responder ante situaciones que puedan afectar a la organización.
Recomiendan fortalecer canales de denuncia y cumplimiento
LLYC plantea además que las empresas refuercen sus programas de cumplimiento y los canales internos para reportar posibles irregularidades.
La firma recomienda capacitar a ejecutivos y empleados sobre las disposiciones del nuevo Código Penal y fortalecer los mecanismos de denuncia, incluidos aquellos que permitan realizar reportes de manera anónima.
Según el análisis, estas medidas buscan contribuir a la prevención de conductas que puedan generar consecuencias legales y, al mismo tiempo, fortalecer la confianza de accionistas, entidades financieras, reguladores y otros grupos vinculados a las empresas.
Campo sostuvo que las compañías que desarrollen políticas de integridad y comunicación transparente podrán reducir su exposición a riesgos y fortalecer la gestión de su reputación frente a los nuevos requerimientos legales.
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