Con apenas semanas en funciones, el nuevo Pleno de la Cámara de Cuentas de la República (CCRD) destapa escandalosas irregularidades en compras y contrataciones del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), con más de RD$ 1,000 millones de fondos públicos bajo escrutinio.
En una investigación especial publicada este 26 de mayo, el órgano regulador del Estado revela actos de presunta corrupción administrativa cometidos en esa entidad durante el periodo 2016 al 2020, que involucran a funcionarios civiles y militares, según el informe de la auditoría.
La fiscalización abarcó un análisis exhaustivo de las contrataciones, la administración de bienes (incluidos alimentos), y la nómina del personal incorporado entre 2019 y 2020, para garantizar la transparencia y legalidad en la gestión de los recursos gubernamentales durante el periodo auditado, indica el informe.
Los resultados más alarmantes de la auditoría apuntan a la gestión de Berlinesa Franco (diciembre de 2008 hasta abril de 2020). Durante este extenso período administrativo, se habría perpetrado la mayoría de las irregularidades que ahora salieron a la luz.
El informe, dado a conocer por la nueva Cámara de Cuentas, recoge las siguientes anomalías financiera:
Procedimiento de Urgencia
El contrato de urgencia INAIPl-MAE-PEUR-2020-0001 asignó RD$ 531,767,051 para el suministro y distribución de alimentos crudos a los centros infantiles CAIPI y CAPI, en el marco del Plan Anual de Compras 2020, priorizando así el bienestar infantil.
Además, se identificaron las siguientes irregularidades: incumplimiento de plazos, pólizas de garantía con cobertura excesiva, discrepancias en cantidades de producto, pagos a proveedores con deudas tributarias, diferencias entre valores contractuales y registros Sigepi.
Igualmente, se evidenciaron documentación de respaldo mal archivada, anomalías en el registro, suministro y recepción de bienes, pagos procesados en departamentos incorrectos, guías de despacho no registradas en Sigepi, inconsistencias entre guías físicas y registros del sistema, y proveedores habilitados con evaluaciones técnicas deficientes.
Los auditores del órgano focalizador también detectaron Inconsistencias en el proceso de compra de 40,000 kits de productos alimenticios, por un valor de RD$100,000,000. Este proceso incluye contrataciones de bienes que no están contemplados dentro del alcance de los decretos que declararon estado de urgencia debido a la condición del COVID-19.
La auditoría reveló, asimismo, irregularidades por RDS 61,608,923 en la entrega oportuna de productos contratados urgentemente para la prevención del COVID-19 bajo el proceso INAIPI-MAE-PEUR-2020-0004. Las deficiencias incluyen: documentación de contratación faltante o no registrada en Sigepi, contratos vencidos e incumplidos, registro de contratos incompleto, pagos procesados incorrectamente, adjudicaciones sin cumplir especificaciones técnicas, garantías no cobradas por incumplimiento, y falta de informes a CGRD y CCRD.
Procedimiento de emergencia
En la experticia se encontraron irregularidades por RD$ 103,540,822 en contratos de emergencia durante la pandemia de COVID-19. Estas anomalías incluyen: retrasos en las entregas, falta de documentación de recepción completa, pagos realizados sin la revisión de la Contraloría, errores en la gestión de pagos, adjudicación de contratos de forma distinta a lo establecido.
Además de diferencias entre el acta de adjudicación y las bases del contrato, cambios en la numeración de los documentos, montos incorrectos, diferencias de precios, duplicación de envíos, pagos a proveedores que no cumplían con los requisitos legales, falta de decreto de emergencia, ausencia de la oferta técnica y de las pólizas de garantía, alta de documentos importantes, entre otras anomalías en los procesos de compras y contrataciones de la entidad.
Contrataciones irregulares de suministros
En el análisis de los investigadores al contrato por RD$ 69,465,124.00 para el suministro de productos alimenticios, presenta graves irregularidades. Entre ellas, se destacan la falta de entrega de alimentos prometidos, disparidades entre facturación y entrega, y la existencia de conduces fantasmas no registrados en el sistema automatizado, según la Cámara de Cuentas.
Se encontraron irregularidades, descuerdo con la fiscalización, en facturas y entregas, incluyendo guías sin facturas vinculadas, inconsistencias en el registro del sistema automatizado y en los soportes de recepción de productos. Adicionalmente, los expedientes de pago presentaban documentación incorrecta, así como adjudicación de contrato por alimentos crudos sin evidencia de registro sanitario y se gestionaron pagos y recepciones de facturas en departamentos equivocados.
El sector de suministro y distribución enfrenta graves incumplimientos contractuales por RD$ 293,745,707, derivados de la retención indebida de impuestos, irregularidades en pagos y el incumplimiento del objeto contractual y especificaciones técnicas. A esto se suman adjudicaciones a proveedores sin inventario, contratos pagados, pero inconclusos, según el SIGEPI, y entregas tardías, comprometiendo la eficiencia y transparencia del sistema, revelan los documentos de la CCRD.
Los documentos de la CCRD detallan irregularidades por RD$ 293,745,707 en la contratación de suministro y distribución, incluyendo retención indebida de impuestos, gestión irregular de pagos, incumplimiento de contrato y pliego de condiciones (cantidad, oferta técnica, muestras), adjudicación a proveedor sin inventario y entregas tardías pese a contratos pagados.
El informe de más 500 páginas expuso graves irregularidades en la contratación INAIPI-CCC-LPN-2019-023 por RD$ 34,590,561 para suministro de lácteos. Se detectaron discrepancias en precios, documentación duplicada y remisiones ficticias no registradas en Sigepi, junto con la desaparición de guías electrónicas. Adicionalmente, el proveedor incumplió sus obligaciones fiscales, comprometiendo la transparencia del proceso.
Las irregularidades financieras detalladas en la auditoría también muestran inconsistencias en el proceso de contratación de otros productos lácteos por un monto de RD$ 63,058,832. Estas incluyen la entrega de leche sin evidencia de recepción, entrega de productos diferentes a los contratados (permuta), guías de transporte con la misma numeración y fecha de emisión.
Asimismo, se identificaron distintas inconsistencias procesos mencionados como guías de entrega de productos no registradas en sistema Sigepi, discrepancias entre guías registradas y entregas físicas, ajustes contractuales sin evidencia que justifique la entrega completa, procedimientos iniciados sin respaldo en los requerimientos, adquisición de leche no contemplada en el Plan Anual, adjudicación a proveedores con la misma composición accionarial, incumplimiento del Pliego de Condiciones en contratos adjudicados, declaración injustificada de lotes desiertos, informes de evaluación técnica carentes de fundamentación, falta de evidencia de evaluación económica en procesos de selección (sobre B) y ausencia de actos administrativos en los contratos.
La investigación sostiene que la contratación para la formación de Recursos Humanos por la suma de RD$ 198.401.493 presenta falta de transparencia por parte de funcionarios, evidenciada en inconsistencias de precios y cantidades, reportes de asistencia sin firmar, retenciones fiscales indebidas, falta de notificación a proveedores rechazados y adjudicaciones a proveedores sin la documentación legal y técnica requerida.
La auditoría también documenta anomalías en la contratación de productos alimenticios por RD$ 306,039,365, incluyendo falta de disponibilidad presupuestaria, retención incorrecta de impuestos, entregas sin soporte documental, recepción de productos no registrados o sin evidencia física, modificaciones contractuales injustificadas y cesión de contrato excediendo los límites normativos.
Se detectaron igualmente graves inconsistencias en la contratación de alimentos por RDS 126,656,299. Se recibieron productos que no cumplían con las especificaciones contractuales, lo que cuestiona la transparencia del proceso y revela una falta de control de calidad, indica el informe.
Los libros contables de INAIPI revelan discrepancias en el proceso de licitación pública para la adquisición de herramientas y materiales de herrería por un monto de RDS 5,601,238. Estas discrepancias incluyen contratos no ejecutados en su totalidad, variaciones entre las marcas de productos ofertados y los entregados, y la falta de evidencia física de registros digitales, de acuerdo con los investigadores de la CCRD.
En los registros de la entidad, la auditoría detectó irregularidades en la contratación de equipos de cocina (RD$ 24,600,300), incluyendo: pago por entrega e instalación no conforme, gestión irregular de pagos y facturas, discrepancias en la evaluación técnica (sobre A), ausencia de informes de visitas técnicas, y contratación sin ejecución del objeto contractual.
La reciente investigación especial detecto fragilidades en la contratación y adquisición de equipos y materiales ferreteros por un total de RD$ 3,726,563. Los equipos y materiales no fueron recibidos ni registrados en el sistema SIGEPI. Además, la descripción de los bienes era confusa, el contrato se usó completamente para un intercambio de carne, los documentos de respaldo no parecen estar relacionados con los registros de SIGEPI, y no se pudo determinar el destino final de los bienes.
También se identificaron incumplimientos en la contratación para el suministro de materiales ferreteros por RD$12,998,304, esta contratación tampoco se registró en el sistema SIGEPI. Se encontraron irregularidades como: entregas y recepciones fuera de horario, precios superiores a los establecidos, diferencias entre las cantidades y precios en facturas y guías de entrega, pagos duplicados de facturas y un contrato vencido con materiales aún pendientes de entrega.
Finalmente, se detectaron irregularidades en el proceso de contratación para la adquisición de mobiliarios por un monto de RD$ 33,786,050, entre las que se incluyen: adjudicaciones a empresas con vinculación administrativa, falta de evidencia de recepción, existencia y uso de los bienes, facturación de bienes con características diferentes a las especificadas en el pliego de condiciones, y duplicidad de numeración con cantidades de bienes diferentes. El informe legal de la auditoría advierte un posible riesgo legal para los funcionarios actuantes.
Compartir esta nota