Este viernes, integrantes del Movimiento Reconocido y otras organizaciones se concentraron frente al Palacio Nacional en Santo Domingo, reclamando la aplicación efectiva de la Ley 169-14. Esta normativa, sancionada en mayo de 2014 tras la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, buscaba restituir la nacionalidad a miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana afectadas por la desnacionalización.
Según datos del propio movimiento, más de 61,000 personas descendientes de haitianos estaban registradas en el registro civil al momento de la promulgación de la ley. Sin embargo, 12 años después, solo unas 26,000 han recibido su documento de identidad, lo que representa menos del 9 % de la población afectada, de acuerdo con Franklin Dinor, coordinador nacional del Movimiento Reconocido.
“Sin una cédula, la vida civil es un calvario en República Dominicana, porque cualquier trámite, por mínimo que sea, necesita una documentación. Para tener un trabajo formal, entrar a la universidad… prácticamente uno está muerto”, expresó Dinor durante la manifestación.
El colectivo denuncia que la ausencia de documentos limita el acceso a derechos fundamentales como el empleo formal, la educación superior y servicios básicos. Además, señalan que la apatridia afecta actualmente a más de 200,000 personas en el país, configurando una de las principales crisis de este tipo en la región.
Obstáculos legales y administrativos
La reforma constitucional de 2010 condicionó el derecho a la nacionalidad al estatus migratorio regular de los padres, una disposición que, según los manifestantes, no existía cuando muchos de los afectados nacieron en territorio dominicano.
“Años después, en el año 2010, se hizo una reforma constitucional que condicionó ese derecho al nacimiento a que los padres tuvieran un estatus regular. Pero no fue en el momento de nosotros nacer que estaba estipulado eso”, explicó Camilo Pérez, otro de los manifestantes.
El Movimiento Reconocido atribuye los retrasos en la entrega de documentos a procedimientos administrativos, decisiones discrecionales y falta de voluntad institucional. Además, denuncian que muchos afectados han sido detenidos y deportados por su color de piel, incluso en hospitales públicos.
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