El Ministerio Público aseguró este lunes que no existen motivos jurídicos válidos para retrasar el proceso judicial contra los acusados de integrar una presunta red de corrupción que habría distribuido más de RD$108 millones en sobornos para obtener y mantener contratos de seguridad privada en distintas instituciones públicas.
La posición fue expresada por el fiscal litigante Ernesto Guzmán Alberto, luego de que Elías Caamaño Pérez, uno de los imputados, recusara al juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
"No hay ningún motivo jurídico válido para suspender o retrotraer un proceso que ya tendría sus audiencias", manifestó Guzmán Alberto a periodistas que lo abordaron a la salida del tribunal.
El representante del Ministerio Público sostuvo que la recusación no debe impedir la continuidad del proceso y expresó su confianza en que la instancia correspondiente desestime la solicitud.
"Esperamos que la recusación sea rechazada por la Corte de Apelación y que se ordene la continuación del presente proceso", afirmó.
Caamaño Pérez, quien se desempeñó como coordinador de Seguridad Patrimonial de la Dirección Ejecutiva del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), figura entre los acusados de participar en el presunto esquema de sobornos.
En octubre de 2026, el juez Deiby Timoteo Peguero dispuso la separación del proceso seguido contra Caamaño Pérez del expediente principal presentado por el Ministerio Público.
Acusación por sobornos en instituciones públicas
En julio de 2026, el Ministerio Público presentó acusación formal y solicitó apertura a juicio contra 14 personas físicas y jurídicas por su presunta participación en una estructura que habría utilizado pagos indebidos para favorecer la contratación de servicios de seguridad privada en entidades estatales.
Entre los acusados figura Quilvio Rodríguez González, representante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral, S.R.L. (Senase).
También están incluidos Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exencargado de Seguridad de Edenorte Dominicana, y Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de Seguridad de Edesur.
La acusación alcanza, además, a Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de Seguridad del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), y Ramón Quezada Ortiz, quien pertenecía al Departamento de Seguridad de Edeeste.
Asimismo, figuran Andrés Pacheco Varela, exencargado de Seguridad de Edenorte; Wellington Peralta Santos, exasistente del encargado de Seguridad del Inaipi; Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de Seguridad de Edeeste, y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.
El expediente también incluye a las empresas Servicios Senase y El Niño Prodigio EIRL, vinculadas a Quilvio Rodríguez.
De igual manera, fueron acusadas las razones sociales Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL, vinculadas a Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.
¿Cómo funcionaba la presunta red de sobornos?
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, los pagos irregulares identificados ascienden a RD$108,080,359.92, recursos que habrían sido exigidos y recibidos por encargados de seguridad y otros funcionarios de diferentes instituciones públicas.
La investigación sostiene que los acusados habrían manipulado procesos de contratación y exigido pagos a cambio de favorecer a empresas proveedoras de servicios de seguridad privada.
Según el expediente, la empresa Senase habría entregado sobornos durante los períodos 2012-2020 y 2020-2025, mediante transferencias bancarias y pagos en efectivo.
El órgano acusador sostiene que estas operaciones tenían como propósito garantizar la permanencia de los contratos adjudicados a la empresa en distintas instituciones del Estado.
Las investigaciones comenzaron a partir de una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), que alertó sobre posibles irregularidades en la contratación de servicios de seguridad privada.
A partir de esa denuncia, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, desarrolló las investigaciones que dieron lugar a la acusación.
El expediente se encuentra en la etapa judicial previa a un eventual juicio de fondo, mientras se resuelve la recusación presentada contra el magistrado que conoce el proceso separado de Elías Caamaño Pérez.
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