El Ministerio Público solicitó a la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazar los recursos presentados por cuatro condenados en el caso derivado de la Operación Gavilán, una red acusada de borrar y alterar antecedentes penales a cambio de sobornos.
La solicitud fue presentada contra los recursos interpuestos por Luis Peña Cedeño, Víctor Gilberto Mercedes, José Ramón Quezada y Pilar Irene Trinidad, quienes fueron sentenciados a 10 años de prisión por el Cuarto Tribunal Colegiado en agosto de 2025.
Los fiscales litigantes Eduardo Velázquez y Miguel Crucey, adscritos a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, defendieron ante el tribunal de alzada las pruebas que sustentaron la condena.
Velázquez afirmó que la acusación fue probada “más allá de toda duda razonable” y sostuvo que los recursos carecen de elementos jurídicos suficientes para revertir la decisión de primera instancia.
“Lo que hemos conocido son cuatro recursos que, realmente, para los jueces y para nosotros como Ministerio Público están acéfalos, en el sentido de que no tienen sustento ni elementos de prueba que puedan aportarles a los jueces de esta alzada”, expresó.
El representante del Ministerio Público dijo confiar en que la sentencia será confirmada. “Los cuatro recursos van a ser desestimados y confirmada la decisión del Cuarto Tribunal Colegiado, el cual condenó a cada imputado a 10 años de prisión”, indicó.
Fallo será conocido en octubre
La corte, integrada por los jueces Pedro Sánchez Rivera, presidente; Nancy Joaquín y Mariana Daneyda García, se reservó el fallo para el 2 de octubre de 2026.
Sobre los alegatos expuestos por los procesados durante su defensa material, Velázquez señaló que se trata de un derecho amparado por la Constitución y el Código Procesal Penal.
En agosto de 2025, el tribunal de primera instancia impuso 13 condenas contra integrantes de la estructura criminal procesada por modificar y eliminar registros de antecedentes penales de cientos de personas en la base de datos del Ministerio Público.
Una red para borrar antecedentes
De acuerdo con la acusación, la estructura operaba bajo una modalidad de cibercrimen y realizaba maniobras informáticas fraudulentas para alterar, borrar, modificar o eliminar registros delictivos almacenados en la infraestructura tecnológica de la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público.
El órgano acusador sostuvo que esas acciones se realizaban a cambio de pagos y sobornos, con el objetivo de obtener beneficios económicos ilícitos.
Según el expediente, las alteraciones permitían a personas con procesos penales o antecedentes obtener documentos, incluyendo pasaportes, y evadir controles migratorios, fronterizos o judiciales.
El Ministerio Público afirmó que durante el juicio fueron presentados testimonios, peritajes informáticos y financieros, documentos oficiales, pruebas digitales y evidencias audiovisuales que demostraron la participación de los condenados.
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