El Ministerio Público concluyó la presentación de su acusación en el caso Jet Set solicitando al tribunal el envío a juicio de fondo de los imputados Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat de Vera, tras atribuirles responsabilidad penal por el colapso del establecimiento que dejó 236 personas fallecidas y alrededor de 100 heridas.
La fiscal Rosa Ysabel expuso durante la audiencia preliminar los hallazgos del peritaje técnico, en el que se establece que el desplome del techo estuvo asociado a múltiples fallas estructurales, agravadas por modificaciones realizadas sin sustento técnico ni permisos.
Entre los elementos señalados figura la eliminación de una columna clave en el lado oeste de la edificación, sustituida por un refuerzo metálico considerado insuficiente, así como la sobrecarga en vigas postensadas debido a la acumulación de materiales, equipos y capas constructivas en el techo.
El informe pericial también identificó deficiencias en el sistema estructural, incluyendo conexiones inadecuadas entre vigas que generaron torsión, pérdida de rigidez y, finalmente, un colapso progresivo de la cubierta.
En la fase conclusiva, el fiscal Enmanuel Ramírez sostuvo que ambos imputados incurrieron en homicidio involuntario, así como en golpes y heridas involuntarias, conductas tipificadas en los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano.
El órgano acusador afirmó que estas acciones derivaron en la muerte de 236 personas y lesiones a decenas de víctimas, atribuyendo a los acusados una gestión negligente en la administración y remodelación del establecimiento.
Para sustentar la acusación, el Ministerio Público presentó un conjunto probatorio que incluye 84 pruebas testimoniales, 35 periciales, 40 documentales, cinco materiales y 179 actuaciones procesales.
En ese sentido, solicitó al tribunal dictar auto de apertura a juicio y admitir la totalidad de las pruebas presentadas. Asimismo, pidió mantener las medidas de coerción impuestas a los acusados, incluyendo restricciones migratorias y la inmovilización de bienes, con el fin de garantizar su presencia en el proceso y resguardar posibles indemnizaciones a favor de las víctimas.
El Ministerio Público concluyó afirmando que cuenta con elementos suficientes para demostrar la responsabilidad penal de los imputados, dejando en manos del tribunal la decisión de enviar el caso a juicio de fondo.
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