El Ministerio Público puso en marcha la Operación Armum, un operativo coordinado con los ministerios de Interior y Policía y de Defensa, así como con la Policía Nacional, contra 18 armerías investigadas por presuntas irregularidades en la comercialización de armas de fuego y pertrechos.
Los allanamientos fueron realizados en el Distrito Nacional, Mao, Espaillat, San Francisco de Macorís, Santiago y Santo Domingo Este, con la participación de 25 fiscales, 190 agentes policiales, 19 inspectores del Ministerio de Defensa y 19 inspectores del Ministerio de Interior y Policía.
De acuerdo con el órgano persecutor, entre las irregularidades detectadas figuran negocios que operaban sin licencia, con permisos vencidos, realizando trabajos de taller sin autorización, intermediando en la comercialización de armas sin licencia y reteniendo de manera ilícita armas de fuego pertenecientes a terceros.
Ocupan armas, municiones y pertrechos
Durante los allanamientos, las autoridades ocuparon aproximadamente 200 armas de fuego, entre armas largas, pistolas y revólveres, incluyendo una cantidad considerable sin documentación ni constancia de origen.
También fueron incautadas unas 40,000 municiones, muchas de ellas sin marcaje, lo que, según el Ministerio Público, evidencia que habrían sido traficadas de manera ilícita hacia la República Dominicana.
Las autoridades informaron, además, la ocupación de armas de guerra y de uso prohibido en el país, miras telescópicas, miras láser con punto rojo, adaptadores, cargadores tipo tambor, armas modificadas o alteradas y pertrechos pertenecientes a agencias de investigación del Estado sin los permisos correspondientes.
Arrestos y solicitud de coerción
El Ministerio Público informó que, debido a los hallazgos, fueron arrestados en flagrante delito propietarios o representantes de las armerías intervenidas.
El órgano acusador indicó que en las próximas horas someterá a los implicados ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, donde solicitará la imposición de medidas de coerción.
La investigación está a cargo de la Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas, dirigida por la procuradora de corte Maura Martínez, junto al mayor general del Ejército Francisco Antonio Ovalle Pichardo, director ejecutivo de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (SVSP), con apoyo de las instituciones participantes.
El Ministerio Público señaló que la operación forma parte de la estrategia integral del país para reforzar el control de armas de fuego y sus pertrechos, conforme a la ley, y adelantó que continuará profundizando las investigaciones.
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