El Ministerio de Defensa (MIDE) creó este jueves una comisión integrada por altos mandos con el objetivo de llevar a cabo una investigación disciplinaria respecto a la conducta del coronel de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD) Rafael Antonio Morales Herrero. Dicho oficial denunció recientemente un supuesto entramado de corrupción que involucraría a varias agencias de seguridad del Estado.
La institución declaró, a través de un comunicado, que el oficial habría revelado datos confidenciales o sensitivos sobre operaciones encubiertas que aún están en cursos, lo que podría poner en riesgo el éxito de dichas operaciones, según se indica en el documento.
"A raíz de la circulación en medio de comunicación sobre la cancelación del visado del coronel Rafael Antonio Morales Herrero, FARD., así como de la conducta y acción que ha adoptado este oficial, se ha dispuesto, en cumplimiento a los procedimientos establecido en la Ley Orgánica y reglamento vigente, la conformación de una comisión de alto nivel de las Fuerzas Armadas para investigar, desde el ámbito disciplinario su responsabilidad ante la revelación indebida de información (…)”
El Ministerio de Defensa informa que, dado que el caso se encuentra actualmente en fase de investigación (en otra instancia), la institución se abstiene, por el momento, de proporcionar información adicional a fin de no afectar el debido proceso.
La entidad militar informó que continuará supervisando el cumplimiento de deberes y obligaciones por parte de todos sus miembros. Asimismo, reitera que cualquier incumplimiento de las normas establecidas será sancionado con el máximo rigor, conforme a lo dispuesto en los reglamentos y disposiciones vigentes.
La denuncia presentada por el coronel Morales Herrero
El 17 de julio pasado, el coronel Rafael Antonio Morales Herrero presentó una denuncia ante la Tercera Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia contra el vicealmirante José Cabrera Ulloa, presidente de la DNCD; Luis Soto, director del DNI, y el exjefe de seguridad de la Procuraduría General de la República, a quienes señala como presuntos involucrados en un entramado criminal de corrupción.
En la denuncia, el oficial implica también a los generales Alberto Monta Castillo, director de inteligencia del DNI, y Fernando E. Haché, exdirector de seguridad de la Procuraduría General de la República; así como a los coroneles Naking Cole Severino, inspector de la DNCD, y César Martínez Fernández, asistente del presidente de la DNCD.
De igual manera, en el requerimiento se menciona a la doctora Milagro Ortiz Bosch, quien se desempeña como directora de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, así como a la doctora Berenice Barina, exdirectora de esa misma institución, con quienes el oficial querellante presto servicios como jefe de seguridad.
El coronel Herrero, quien ejerció entre el 2020 y 2022 la función director del Centro de Información y Coordinación Conjunta (CICC) en la Dirección Nacional de Control de Drogas, se encuentra entre los oficiales a quienes, según informes, el Departamento de Estado de los Estados Unidos revocó el visado el pasado mes. Esta información ha sido corroborada por el propio oficial en su denuncia formal.
Rafael Antonio Morales Herrero remitió una comunicación dirigida a la procuradora general de la República, magistrada Yeni Berenice Reynoso, así como al director general de persecución del Ministerio Público, magistrado Wilson Camacho, donde denunciaba el supuesto entramado de corrupción orquestado desde la DNCD, DNI y la PGR.
El oficial superior está representado legalmente por los abogados Manuel Sierra Pérez y Obo René Sánchez Díaz. Conforme al acto de alguacil número 948 de fecha 31 de junio de 2025, se notificó a las partes demandadas sobre la presunta conspiración criminal contra el coronel demandante, según se indica en el documento.
Morales Herrero fue relevado de su cargo como director de Asuntos Internos del Ministerio de Defensa el mes pasado, según información proporcionada por una fuente del alto mando militar a Acento. Dicho cambio en la dirección tuvo lugar semanas después de que el coronel interpusiera dicha denuncia ante la Tercera Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, en el Distrito Nacional.
Compartir esta nota