Al acercarse el final de su gestión al frente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina asegura que se marcha con la satisfacción de haber cumplido con su responsabilidad, pero consciente de que la transformación de la justicia dominicana es un proceso que no termina con su salida.
Para Molina, el principal legado de sus siete años al frente del Poder Judicial no se limita a la reducción de expedientes, la digitalización de los servicios o la modernización de los tribunales. Su mayor aporte, sostiene, fue iniciar un proceso de concientización y empoderamiento dentro de la institución y en la sociedad sobre la justicia que necesita el país.
“Mi mayor legado es haber empoderado a la gente para que trabaje por esa justicia”, afirmó al explicar que transformar el sistema requiere identificar primero el origen de los problemas, analizarlos, tomar conciencia y finalmente actuar para modificarlos.
El problema de fondo: una justicia que todavía no logra ponerse de acuerdo
Uno de los principales temas que Molina deja sobre la mesa es la crisis del sistema penal. A su juicio, el problema fundamental no radica únicamente en los jueces, el Ministerio Público o la Defensa Pública, sino en la incapacidad de los actores del sistema para alcanzar acuerdos que permitan resolver los casos de manera oportuna.
“El gran problema de la justicia penal en la República Dominicana es la falta de acuerdos”.Luis Henry Molina
Presidente de la Suprema Corte de Justicia
Molina considera que mientras la mayoría de los conflictos continúe llegando a juicio, los tribunales seguirán soportando una carga que podría resolverse mediante mecanismos alternativos.
Comparó la situación con un sistema de salud en el que todos los pacientes que llegan por consulta terminaran necesariamente en un quirófano: “Colapsa”.
En ese contexto, defendió que los acuerdos no significan impunidad, sino una herramienta para que los casos sean resueltos conforme al tipo penal, los hechos y las pruebas disponibles.
Prisión preventiva: una consecuencia de la falta de acuerdos
El expresidente de la SCJ vinculó directamente la prisión preventiva con esa problemática. Afirmó que mientras no se generalicen los acuerdos, la prisión preventiva continuará utilizándose más de lo que debería, cuando en realidad tendría que constituir una excepción.
También planteó la necesidad de repensar el modelo de privación de libertad y desarrollar mecanismos alternativos.
Puso como ejemplo el caso de una persona que comete un robo para sostener una adicción a las drogas. A su juicio, enviarla directamente a prisión puede terminar agravando el problema en lugar de contribuir a su rehabilitación.
“En todas partes del mundo hay que repensar el tema de la privación de libertad si lo que queremos es la regeneración de la persona”, sostuvo.
Para Molina, esa transformación no depende exclusivamente del presidente de la Suprema ni de un gobierno, sino de una decisión integral del sistema de justicia y de la sociedad.
Una gestión marcada por la reducción del cúmulo de expedientes
Uno de los desafíos que asumió la administración encabezada por Molina fue enfrentar el cúmulo de expedientes pendientes que encontró en la Suprema Corte.
A inicios de 2020, el máximo tribunal acumulaba 18,357 recursos de casación y otros asuntos pendientes, algunos con expedientes que se remontaban hasta 1982.
La SCJ implementó entonces un plan de emergencia bajo el lema “Justicia al día para garantizar la dignidad de las personas”, que incluyó la reorganización de la Secretaría General, metas de productividad y una estrategia diferenciada para las tres salas especializadas.
En 2021, el tribunal resolvió 11,637 casos pendientes, logrando que, por primera vez, los expedientes solucionados superaran la cantidad de nuevos casos recibidos.
Para Molina, esos resultados forman parte de una transformación institucional que debe tener continuidad más allá de su gestión.
La continuidad del Estado, una de sus principales apuestas
Molina defendió la idea de que los cambios institucionales no pertenecen exclusivamente a una administración.
Puso como ejemplo la Ciudad Judicial de Santo Domingo, cuyo desarrollo atribuyó al trabajo acumulado de diferentes gestiones y gobiernos.
Recordó que la idea inicial surgió durante la gestión de Jorge Subero Isa; posteriormente Mariano Germán impulsó la adquisición de los terrenos y el inicio de la construcción, mientras que durante los gobiernos de Danilo Medina y Luis Abinader se produjo la continuidad que permitió completar el proyecto.
“Lo que hizo Jorge Subero Isa es lo que permitió que Mariano pudiera trabajar y que yo pudiera trabajar”, explicó.
Para Molina, esa experiencia demuestra que las políticas públicas deben mantenerse cuando responden a necesidades institucionales y utilizan recursos públicos destinados a mejorar los servicios a la ciudadanía.
Digitalización y modernización
Otro de los cambios que destaca de su gestión es la transformación digital del Poder Judicial. Molina cuestionó que en la actualidad todavía se pretenda explicar a los servidores judiciales que deben utilizar libros récord, fotocopias y documentos físicos para realizar procesos que pueden ejecutarse digitalmente.
Afirmó que prácticamente no utiliza documentos físicos en su despacho y destacó que los jueces de la Suprema y del sistema judicial dominicano han avanzado hacia ese modelo.
En la Región Sur, donde encabezó el último encuentro regional para la implementación del Plan Justicia del Futuro 2034, destacó que el 97 % de los tribunales se encontraba al día con sus procesos, mientras Barahona y San Juan de la Maguana alcanzaban un 100 % de eficiencia y San Cristóbal registraba un 93 %.
La meta planteada para esa región es elevar del 4 % al 80 % los trámites realizados digitalmente a través de Justicia.gob.do.
El otro gran reto: resolver los casos antes de que lleguen a juicio
Molina también identificó como desafío central la necesidad de reducir la judicialización innecesaria. En materia penal, la meta del Plan Justicia del Futuro 2034 es elevar del 47 % al 90 % los casos que utilizan salidas tempranas.
En materia no penal, la mediación apenas alcanza el 6 %, por lo que el objetivo es llevarla al 30%. El Departamento Judicial de Barahona, dijo, ya demostró que es posible avanzar en esa dirección al lograr que el 83 % de los casos penales utilizara salidas tempranas durante 2025.
Evaluación de jueces: “El criterio tiene que ser la idoneidad”
Otro de los temas abordados por Molina fue la evaluación de los jueces y la renovación de la Suprema Corte. Defendió que los jueces de carrera no deben ser removidos simplemente por el hecho de haber llegado al máximo tribunal y sostuvo que la evaluación debe centrarse en la idoneidad.
También planteó que el país debería contar con un escalafón judicial transparente, acompañado de una evaluación pública del desempeño de cada juez.
A su juicio, la independencia y la inamovilidad judicial deben entenderse como garantías para los ciudadanos y no como privilegios asociados a ocupar una posición.
“Muchos quieren más posiciones para poner gente nueva, y ese no puede ser el criterio. El criterio tiene que ser la idoneidad”, afirmó.
La presión mediática y el caso Odebrecht
Molina rechazó que la presión de los medios de comunicación deba determinar las decisiones judiciales. Recordó la presión que enfrentó la Suprema durante el conocimiento del caso Odebrecht, cuando, según explicó, él aparecía diariamente en los medios y se especulaba sobre las decisiones que adoptaría el tribunal.
Sin embargo, aseguró que esas presiones no determinaron sus decisiones. Su posición es que la responsabilidad última recae en el juez: debe decidir conforme a la Constitución, las leyes, las pruebas y la sana crítica.
“Si un juez toma una decisión por lo que dice o comenta una persona, está haciendo mal su trabajo”, sostuvo.
Una responsabilidad que trasciende a Molina
Al hacer balance de su gestión, Molina reconoce que todavía quedan asuntos pendientes y que ningún presidente de la Suprema puede resolver por sí solo las deficiencias históricas del sistema.
El retraso judicial, la prisión preventiva, la falta de acuerdos, los mecanismos alternativos a la prisión, la transparencia en la evaluación de jueces y la participación de la sociedad forman parte de una problemática que, según su visión, requiere cambios culturales e institucionales.
Su apuesta final es que el Poder Judicial mantenga la continuidad de las transformaciones iniciadas y que la sociedad comprenda que mejorar la justicia no es una tarea exclusiva de los jueces.
Molina se marcha de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia con la convicción de que deja una institución distinta a la que recibió: con menos rezago, más digitalizada, con nuevas herramientas de gestión y con una hoja de ruta hacia 2034.
Pero también deja una advertencia: la transformación no se sostiene únicamente con normas y resoluciones. Depende, en última instancia, del nivel de conciencia y compromiso de quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia.
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