"Llegó tarde" es una de las frases más repetidas en los centros de salud cuando ocurre una muerte materna en República Dominicana. Esa sentencia, pronunciada casi como un trámite, resume la conclusión central del informe "Madres Invisibles: La Crisis Silenciosa de la Mortalidad Materna", presentado por el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), AGARESO y la Xunta de Galicia: las mujeres no mueren porque lleguen tarde, sino porque el sistema las hace llegar tarde.
El estudio documenta que entre 2019 y 2025 más de mil mujeres fallecieron en el país por causas relacionadas con el embarazo, el parto o el puerperio. La mayoría de esas muertes eran prevenibles.
Una ruta de fallas acumuladas
Las investigadoras describieron lo que el informe llama una "ruta de acumulación de fallas": un encadenamiento de barreras económicas, pobreza, dependencia, falta de educación y retrasos en la atención médica que, sumados, conducen al desenlace fatal.
Entre los 30 casos analizados predominaban cuadros de anemia y desnutrición, junto a enfermedades como falcemia y lupus que, según denunciaron, no recibieron seguimiento adecuado. Muchas de las pacientes llegaron a los hospitales tras recibir apenas entre tres y cuatro consultas prenatales. La mayoría no atravesaba su primer parto.
Una frase del estudio sintetiza la brutalidad del problema: "Un médico dijo que la mujer no moría por el parto, sino por ser pobre".
El informe denomina a este patrón "la arquitectura de una muerte evitable": pobreza estructural, precariedad del primer nivel de atención, violencia obstétrica y falta de transparencia informativa, todo operando al mismo tiempo, sobre los mismos cuerpos.
Cifras que duplican el promedio regional
CIPAF advirtió que la razón de mortalidad materna proyectada para 2025 es de 154 muertes por cada 100 mil nacidos vivos, una cifra que duplica el promedio regional de América Latina y se aleja significativamente de la meta de 70 muertes establecida por los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030.
En 2024 se registraron 94 muertes de mujeres dominicanas y 85 de haitianas. Para 2025 se proyectan 101 dominicanas y 76 haitianas. Ante esos datos, las organizaciones fueron enfáticas: las muertes maternas no distinguen raza, color ni nacionalidad, rechazando los discursos que intentan atribuir la crisis exclusivamente a la población migrante haitiana.
Uno de los hallazgos más alarmantes del estudio es que la sepsis materna aumentó casi un 200 % entre 2022 y 2023, lo que refleja graves problemas en los tiempos de respuesta clínica y en la calidad de la atención hospitalaria.
Violencia obstétrica, penalización del aborto y colapso del sistema
El informe también denuncia violencia obstétrica estructural, negligencia clínica y carencia de medicamentos, sangre y ambulancias, así como debilidades críticas en el sistema de referencia y contrareferencia.
Las representantes de CIPAF, Graciela Morales y Tania Alfonso, advirtieron además que la penalización absoluta del aborto en República Dominicana está agravando la crisis. Según la investigación, la prohibición elimina opciones terapéuticas para salvar vidas y provoca retrasos en decisiones médicas urgentes por miedo institucional. La Fase 06 del estudio, titulada "El callejón sin salida de la penalización del aborto", documenta cómo esa restricción opera como un factor adicional de riesgo para las mujeres en situaciones críticas.
"La información está ahí. Esconder los datos no funciona, porque las muertes siguen ocurriendo", expresaron durante la presentación.
Las familias que quedan
Las consecuencias de estas muertes no terminan con el deceso. El estudio revela que más del 36 % de los niños huérfanos tras una muerte materna quedan bajo el cuidado de sus abuelas maternas. Muchas familias, además, pierden acceso a ayudas sociales porque los beneficios estaban registrados a nombre de la madre fallecida. Las investigadoras denunciaron también la inexistencia de acompañamiento psicológico para los familiares afectados.
Qué piden
Las organizaciones insistieron en que el objetivo de la investigación no es señalar culpables, sino impulsar soluciones concretas. Llamaron a construir una alianza interinstitucional que involucre al Estado, el sistema de salud, las universidades y la sociedad civil.
Entre las prioridades planteadas figuran:
- Aumentar el presupuesto de salud al 6 % del PIB
- Fortalecer el primer nivel de atención
- Garantizar sangre, medicamentos y ambulancias sin costo
- Actualizar la formación médica con enfoque humanizado
- Transparentar los datos de mortalidad materna
- Aprobar una ley integral contra la violencia hacia las mujeres
- Incorporar educación sexual integral en las escuelas
- Despenalizar el aborto en causales mínimas para proteger la vida de las mujeres
"Ninguna mujer debe morir dando vida", afirmaron Morales y Alfonso. Una frase que, a la luz de los datos, suena menos a consigna y más a deuda pendiente.
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