El magistrado del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, ratificó este jueves las medidas de coerción que pesan sobre el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y otros seis imputados vinculados al presunto entramado de corrupción que habría defraudado al Estado dominicano en más de 15,900 millones de pesos.
El magistrado motivó su decisión al considerar que las medidas actuales continúan siendo las más idóneas para garantizar el desarrollo del proceso. La próxima revisión obligatoria quedó fijada para el 30 de julio, mientras que la lectura íntegra de la decisión será el 21 de mayo.
Ministerio Público satisfecho con la decisión
El titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal. El funcionario explicó que el expediente cuenta con varias estructuras bajo investigación.
Según Camacho, una de esas estructuras corresponde al proceso que actualmente se ventila en los tribunales, mientras que otra está vinculada al señalado Ángel Luis Guzmán. El procurador no descartó, además, la existencia de una tercera estructura relacionada con el supuesto entramado de corrupción.
Los imputados y sus defensas
Junto a Hazim comparecieron ante el juez Peguero los exfuncionarios Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, así como Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
Tras concluir la audiencia, Juan Hirohito Reyes, abogado de Rafael Robles Quiñones, sostuvo que las medidas de coerción tienen como finalidad garantizar que los imputados no se sustraigan del proceso judicial.
Miguel Valerio, representante legal del exdirector de Senasa, explicó que su defendido no presentó nuevos presupuestos durante la revisión. Valerio calificó la decisión como una estrategia procesal, asegurando que en el momento oportuno serán depositados los elementos correspondientes.
Los cargos
Los imputados enfrentan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, desfalco y sobornos, en el marco de uno de los casos de corrupción de mayor envergadura que actualmente se tramitan en la justicia dominicana.
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