La Cámara de Cuentas, mediante una auditoría, detectó que la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom) realizó pagos por un monto de RD$ 20,349,631 en concepto de compensaciones para la adquisición de vehículos personales por parte de funcionarios de la entidad, sin contar con debida aprobación del Consejo de Administración.
El informe correspondiente al periodo 2015-2016 indica que dichos fondos fueron entregados a colaboradores cercanos al entonces director ejecutivo, Mayobanex Escoto Vásquez, quien justificó la operación mediante una carta dirigida al pleno de la Cámara de Cuentas.
De acuerdo con el documento, dichos beneficios no están contemplados como compensaciones permitidas dentro de las cargas salariales indirectas en el Estado, ni cuentan con la aprobación correspondiente, lo que constituye una infracción de la regulación salarial estipulada en la normativa 105-13, conforme al dictamen del órgano fiscalizador.
“Artículo 26, Prohibición de beneficios por gestión. Queda prohibida la concesión de beneficios e incentivos a todo funcionario o empleado público sujeto al ámbito de aplicación de esta ley, por resultados de gestiones administrativas que se encuentren dentro del ámbito de su competencia”.
En relación con este asunto, el exdirector de la autoridad portuaria, Escoto Vásquez, comunicó al pleno de la Cámara el 22 de julio que, mediante un acuerdo interinstitucional entre BanReservas y Apordom, se permitió que funcionarios de la entidad adquirieran vehículos para mejorar el desempeño de sus labores, ya que la institución no contaba con una flotilla vehicular propia.
Explica que la amortización de los compromisos se realizaba a través de un pago mensual asignado por el uso del vehículo durante el desempeño de sus funciones en la institución. Sin embargo, en caso de finalizar sus funciones, la persona deberá responsabilizarse por el valor restante de dicho compromiso.
De su lado, Víctor Gómez Casanova, quien asumió la dirección ejecutiva de Apordom tras la gestión de Mayobanex Escoto Vásquez, remitió una comunicación a la Cámara de Cuentas en la que presentó explicaciones relativas a los pagos de compensaciones.
"(…) informamos que ha sido costumbre de esta entidad, otorgar este y otro tipo de compensación. Por lo que se autorizó la misma, para compensar el uso de medio de transporte de los funcionarios para trasladarse a las instalaciones tanto locales como del interior, incluyendo la dirección ejecutiva".
No obstante, el órgano superior, en su informe definitivo, concluye que la condición persiste, ya que las pruebas presentadas y los argumentos expresados en el escrito de réplica no logran desvirtuar el incumplimiento señalado, careciendo de documentación de respaldo suficiente para considerar subsanada la observación.
Uso ilegal de tarjeta corporativa
El informe pericial determinó que Mayobanex Escoto Vásquez, exdirector ejecutivo de Apordom, usó indebidamente una tarjeta corporativa Visa, cuyos gastos excedieron el límite autorizado y fueron registrados como gastos de representación del funcionario.
Según la Cámara de Cuentas, durante el periodo auditado, se acumuló un consumo por RD$ 8,022,830 bajo este concepto, lo que no cumple con la normativa 105-13, que establece que el gasto de representación no debe exceder el 15 % del salario mensual, en los casos en que el funcionario cumpla con los requisitos para su uso.
La investigación indica que los artículos 21 y 30 de la normativa salarial vigente en República Dominicana establecen lo siguiente:
"Queda prohibida la asignación y el uso de tarjetas de crédito a los funcionarios de alto nivel establecidos en esta ley, con excepción de los puestos correspondientes al Presidente y Vice-Presidente (sic) de la República, presidentes de las Cámaras Legislativas, Presidente de la Suprema Corte de Justicia, y los titulares de órganos y entes de origen constitucional".
En julio de 2020, Mayobanex Escoto presentó ante el pleno de la cámara la respuesta elaborada por la comisión, en la cual el exfuncionario justifica la asignación de la tarjeta corporativa.
"En este caso como entidad descentra/izada del Estado, la máxima autoridad que es el Consejo de Directores aprobó el uso de esa tarjeta a los directores de dicha institución por tal razón en este caso solo se procedió a hacer un cambio de titular de esta tarjeta mediante la aprobación del ministro de hacienda y posterior a esta administración se canceló y renovó la misma a nombre del director sucesor (Víctor Gómez Casanova)".
En este punto, la entidad fiscalizadora mantiene su posición respecto a que la condición persiste, ya que las pruebas presentadas y los argumentos incluidos en el escrito de réplica no modifican el incumplimiento señalado. Esto se debe a la falta de documentación de respaldo suficiente para considerar atendida la observación planteada en el informe.
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