La justicia dominicana continuará esta semana con el conocimiento de importantes procesos vinculados a corrupción administrativa, sobornos y otros delitos atribuidos a funcionarios públicos, empresarios y personas relacionadas con la pasada gestión.
Para este lunes 6 de abril está previsto que el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional intente conocer la audiencia preliminar del caso Jet Set, relacionado con el colapso del techo de la discoteca Jet Set Club, hecho que dejó 236 personas fallecidas y más de un centenar de heridos.
La audiencia fue aplazada el pasado 16 de marzo por el juez Raymundo Mejía, con el objetivo de continuar el proceso en una nueva fecha. En este expediente se investigan las responsabilidades penales derivadas de la tragedia ocurrida en el establecimiento.
Ese mismo día continuará la audiencia preliminar contra los imputados en el caso Intrant, proceso que involucra presuntas irregularidades administrativas y manejo indebido en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre.
Para el martes, a las 2:00 de la tarde, está previsto el conocimiento de medida de coerción contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir 10 mil dólares de un investigado en el presunto fraude cometido en el Seguro Nacional de Salud (ARS Senasa).
Asimismo, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dará continuidad al juicio de fondo del caso Coral, uno de los principales expedientes de corrupción administrativa en el país, que involucra a varios exfuncionarios y militares acusados de integrar un entramado para desviar fondos públicos.
Mery Ann Escolástico/Acento.com.do
Entre los principales imputados en el caso Coral figuran el mayor general Adán Cáceres Silvestre, el coronel Rafael Núñez de Aza y la pastora Rossy Guzmán Sánchez, señalados por el Ministerio Público de formar parte de una estructura que operaba mediante testaferros y empresas para sustraer recursos del Estado.
Los procesos forman parte de la agenda judicial activa en materia de persecución de la corrupción y delitos de alto impacto en la administración pública.
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