En este paro nacional convocado por jueces y servidores judiciales, el jurista Carlos Olivares expresó su respaldo a la medida de protesta, calificando las demandas de los magistrados como "legítimas, necesarias y fundamentales" para el fortalecimiento del sistema de justicia dominicano.
"Resulta preocupante que quienes tienen sobre sus hombros la enorme responsabilidad de administrar justicia, garantizar derechos fundamentales y sostener el equilibrio institucional del Estado, continúen laborando bajo condiciones que no reflejan la importancia ni el nivel de riesgo de sus funciones", expresó Olivares.
Salarios dignos e independencia judicial
El jurista fue enfático en señalar que los jueces merecen salarios dignos, mejores condiciones laborales y mayores garantías para el ejercicio independiente de sus responsabilidades.
"Un sistema judicial débil, desmotivado o abandonado representa un riesgo directo para la seguridad jurídica, la democracia y la confianza de los ciudadanos en las instituciones", advirtió.
Un respaldo institucional, no político
Olivares también salió al paso de quienes pudieran interpretar el apoyo al paro como una toma de posición política, dejando claro que se trata de una defensa del Estado de Derecho.
"Respaldar a los jueces en sus reclamos no debe interpretarse como un acto político, sino como una defensa del fortalecimiento institucional del Poder Judicial y del derecho de la sociedad dominicana a contar con una justicia sólida, independiente y respetada", subrayó.
¿Por qué la huelga de jueces y de juezas?
La jornada de protesta, que paralizó este jueves los tribunales en todo el país, fue convocada por la Asociación de Jueces y Juezas de la República Dominicana (Asojurd) y otras organizaciones gremiales del sector judicial, luego de que el Consejo del Poder Judicial no ofreciera respuestas concretas a sus demandas, que incluyen indexación salarial, contratación de personal para cubrir más de 575 plazas vacantes y mejores condiciones de trabajo.
La magistrada Ysis Muñiz, presidenta de Asojurd, calificó la respuesta del Consejo del Poder Judicial como "una desconsideración y una falta de respeto a la judicatura nacional", al tiempo que señaló que los reclamos del gremio se remontan al año 2022 sin haber recibido hasta ahora una propuesta concreta.
El paro, considerado poco común dentro del sistema judicial dominicano, mantuvo activos únicamente los tribunales de atención permanente, a fin de garantizar el cumplimiento del plazo constitucional de 48 horas para la presentación de detenidos ante un juez.
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