El Departamento de Estado de Estados Unidos manifestó que persisten preocupaciones en materia de derechos humanos en República Dominicana, entre ellas ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tratos crueles, trata de personas y algunas de las peores formas de trabajo infantil.
En el Informe nacional sobre prácticas de derechos humanos 2024: República Dominicana, la entidad destaca que, aunque el Gobierno adoptó medidas para procesar y sancionar a funcionarios responsables de abusos, la aplicación de la ley favoreció la impunidad.
Subraya que, aunque no se produjeron cambios significativos en la situación de los derechos humanos en República Dominicana, entre enero y octubre de 2024, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó 87 personas asesinadas a manos de los miembros de la Policía Nacional.
Aunque la fiscalía general procesó algunos casos de abusos por parte de las autoridades, representantes de la sociedad civil afirmaron que muchos homicidios y abusos no se denunciaban debido a la falta de confianza de la población en que el gobierno investigara y presentara cargos o debido al temor a represalias por parte de la Policía.
En ese orden, cita como ejemplo el caso de J.M.P, –nombre omitido por ser menor de edad –, quien murió tras recibir un disparo en la cabeza por miembros de la Marina mientras intentaba defender a hermano, quien también resultó herido.
Isaac Junior Sepulveda Herrera y Ángel Luis Guerrero fueron identificados como los responsables del hecho y permanecen en prisión preventiva, acusados de homicidio y porte ilegal de armas.
El informe también resalta que se documentaron muertes bajo custodia durante operativos migratorios, incluido el fallecimiento de una mujer haitiana por presunto golpe de calor en un camión de deportación.
Asimismo, señala el uso excesivo de la fuerza y tratos degradantes contra personas migrantes, en su mayoría haitianas, por parte de la Dirección General de Migración (DGM) y otras fuerzas de seguridad, indiciando que se realizaron detenciones arbitrarias, destrucción de documentos, violencia sexual, deportaciones ilegales de menores y condiciones inhumanas en centros de detención.
Por otro lado, el informe indica que, en materia de libertad de prensa, aunque la Constitución dominicana garantiza este derecho, hay reportes de incidentes aislados en los que las autoridades sometieron a los periodistas a violencia, acoso o intimidación debido a su labor informativa.
Los observadores indicaron que el Gobierno ejercía influencia sobre la prensa, incluso a través de contratos publicitarios. Además, los periodistas practicaban la autocensura, sobre todo cuando la cobertura podía afectar negativamente a los intereses económicos o políticos de los dirigentes gubernamentales o de los propietarios de los medios de comunicación.
En el ámbito laboral, señala que las leyes reconocen la libertad sindical y la negociación colectiva, pero imponen restricciones como el requisito de que un sindicato represente al menos al 51 % de los trabajadores de una empresa.
El informe documenta despidos por actividades sindicales, listas negras, sindicatos creados por las empresas y la escasa aplicación de sanciones contra prácticas antisindicales.
En cuanto a la protección de menores, el documento destaca la persistencia del matrimonio infantil, pese a su prohibición legal, y la presencia de trabajo infantil en sectores vulnerables. También cuestiona la efectividad del sistema de asilo, señalando tasas de rechazo superiores al 90 % y obstáculos administrativos que impiden un debido proceso.
El informe destaca que se no registraron no hubo informes de abortos forzados o esterilizaciones involuntarias por parte de las autoridades gubernamentales, así como desapariciones forzadas ni incidentes de antisemitismo.
Compartir esta nota