“En mi puesto como administrador recibí instrucciones de mis superiores Rafael Stefano Canó y Jean Alain Rodríguez, ambos tenían todo centralizado por lo que yo no tenía potestad alguna en las decisiones de la institución”, así dijo el imputado en caso Medusa el exdirector administrativo de la Procuraduría General de la República (PGR), Jonathan Joel Rodríguez Imbert.
Al dirigirse al juez Amauri Martínez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en la audiencia preliminar, Rodríguez Imbert, explicó que pesé a que le fue otorgado un poder para firmar por el exprocurador, todo lo que suscribía era por mandato de Canó y Rodríguez.
Para confirmar su versión, Rodríguez Imbert, especificó el pago a la empresa Fire Control Systems MGM, SRL, donde detalló que el documento contiene la firma de Jean Alain Rodríguez.
Así mismo, mencionó que llegó hacer un canal entre los contratistas y la PGR, convirtiéndose en la persona encargada en recoger los impuestos acordados de las obras y alimentos, para luego entregárselos a Canó y Rodríguez en sus oficinas o casas.
De acuerdo con las declaraciones del señalado, estos fondos serían usado para el movimiento político llamado Renovación.
De su lado, la defensa técnica Ingrid Hidalgo, indicó que no sólo cuenta con el testimonio de su cliente, también tiene pruebas que corroboran lo que ellos establecen, de igual manera manifestó que el arrepentimiento de Imbert es sincero y que cualquier persona puede cometer un error.
Al ejercer su defensa positiva, Hidalgo indicó que su representado no sólo pide perdón a su familia, sino a la sociedad y es en el juicio de fondo que lo ampliará.
La togada aclaró que este acuerdo de culpabilidad fue realizado por un acercamiento que ellos hicieron al Ministerio Público y aunque no es partidaria de realizar pacto con el órgano persecutor dijo que existen casos como este que se ve necesario.
Según el expediente instrumentado por el Ministerio Público, Rodríguez Imbert, durante su gestión como director financiero de la Procuraduría, habría manipulado los procesos de compra de la institución y seleccionar con anterioridad a las empresas que resultarían ganadores en las licitaciones.
En la acusación se detalla que Alfredo Solano Augusto (exsubdirector administrativo de la PGR) y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, luego de firmados los contratos de adjudicación, se comunicaban con los supuestos prestadores de servicios y les decían que en sus cuentas se había depositado "por error" unas cantidades de dinero que debían retirar y entregar, junto a una tarjeta de débito, a la persona que designaban para tales fines.
En este proceso, el Ministerio Público presentó una acusación mediante un volumen de 12,274 páginas, acompañado de más de 3,500 pruebas, incluyendo más de 400 testigos. La acusación fue presentada contra 41 personas físicas y 22 empresas.
Los imputados del caso Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
Otros imputados se declaran culpables
Además de Jonathan Joel Rodríguez Imbert, en el caso Medusa otros encartados se declararon culpables de los hechos que le imputan el Ministerio Público como fue el caso de los señalados José Antonio Santana Julián, Ricardo Antonio Carrasquero Frias, quien representa la Constructora Carrasquero, S.R.L y Lisandro José Macarrulla Martínez, contra quienes el órgano acusador pidió reducción juicio penal abreviado, reducción de la pena a 3 años de reclusión suspendida, presentación periódica, entre otros.
Asimismo, se declararon culpables y llegaron a acuerdos Mercedes Salcedo Disla y Carolina Pimentel, ejecutivas del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciario, así como Rafael Salvador Rasuk Sánchez.
De igual manera, aceptaron los cargos los hermanos Daniel y Francisco Alberto Vásquez Feliz junto a Fausto José Cáceres Salterio y Francisco Arturo Santos Gómez junto a las empresas que constituyeron.
Otros imputados que admitieron la acusación hecha por el Ministerio Público fueron Carlos Augusto Guzmán Oliver, quien representa la razón social de la empresa Herraje Rachel, SRL. y César Nicolás Rizik.