El juez Emmanuel López impuso tres meses de prisión preventiva contra Eslyn Yoel De los Ángeles, alias Joel, acusado de despojar a un hombre de RD$3,639,292 y herir de un disparo en la cabeza a un motorista durante un asalto ocurrido en una plaza comercial del Distrito Nacional.
La medida de coerción fue dictada por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, a solicitud del Ministerio Público. El imputado deberá cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo.
El tribunal fijó para el 5 de enero de 2027 la revisión obligatoria de la medida.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el hecho ocurrió el pasado 5 de octubre de 2026, alrededor de las 12:30 del mediodía, cuando el imputado habría abordado a un hombre de 66 años que se encontraba en el establecimiento comercial para realizar un depósito bancario.
Bajo amenaza con un arma de fuego, De los Ángeles presuntamente lo despojó de una funda que contenía RD$3,639,292, dinero que la víctima tenía previsto depositar en una entidad bancaria.
Tras cometer el robo, el imputado huyó del lugar e intentó abordar a uno de los motoristas que se encontraban en las afueras del establecimiento. Según la acusación, cuando el conductor se negó a transportarlo, le disparó, aunque no logró herirlo debido a que el casco que llevaba puesto lo protegió.
Posteriormente, continuó su huida hasta encontrar a otro motorista, a quien le manifestó que se trataba de un atraco y luego le disparó en la cabeza.
El Ministerio Público señala que el imputado siguió corriendo hacia una parada de motoristas, donde varias personas lograron retenerlo y alertaron al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Al lugar acudió una patrulla policial cuyos agentes le notificaron sus derechos constitucionales y lo arrestaron en flagrante delito.
El motorista herido fue atendido por las lesiones ocasionadas por el disparo, cuyo pronóstico médico legal se encontraba pendiente de evolución, conforme al certificado correspondiente.
El Ministerio Público calificó provisionalmente los hechos como robo agravado y tentativa de homicidio agravado, además de infracciones a la Ley núm. 631-16, sobre el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
La solicitud de prisión preventiva fue sustentada con diversas pruebas, entre ellas el acta de arresto por infracción flagrante, levantada el 5 de octubre de 2026.
La procuradora fiscal Julia Laury Vásquez, adscrita al Departamento de Litigación Inicial del Distrito Nacional, representó al Ministerio Público durante el conocimiento de la medida de coerción. La solicitud fue presentada por la procuradora de corte Elizabeth Tucent, adscrita a la Fiscalía Comunitaria de Los Ríos.
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