Representantes de organizaciones comunitarias y sociales del Cibao celebraron una asamblea para coordinar nuevas acciones en defensa de la Cordillera Septentrional y articular otras demandas ciudadanas de alcance regional.
El encuentro fue realizado en el Club Mambuiche, en Gurabo, Santiago, con la participación de activistas vinculados con el movimiento “Unidos Somos Más” y la Coalición de Organizaciones del Cibao.
Durante la reunión, los participantes aprobaron un programa de actividades dirigido a ampliar la participación de las comunidades y mantener las movilizaciones contra cualquier intento de desarrollar proyectos mineros en la zona montañosa.
“La victoria empieza cuando nos organizamos”, afirmó Osvaldo Brito, vocero del Frente de Lucha Unión y Progreso (FLUP) y coordinador de la Coalición de Organizaciones Sociales.
Buscan extender las movilizaciones a toda la región
Los dirigentes comunitarios plantearon la posibilidad de realizar protestas regionales que no se limiten a la defensa de los recursos naturales de la Cordillera Septentrional.
Entre los temas incorporados a la agenda figuran el aumento de los precios de los alimentos y los combustibles, los alegados abusos policiales y el rechazo al proyecto que los manifestantes califican como “ley mordaza”.
“El objetivo final es el servicio a las bases sociales, articularnos con las organizaciones institucionalizadas en la medida en que demuestren lealtad a este propósito, que es el de las bases populares”, expresaron los participantes.
Brito citó como referencia las movilizaciones desarrolladas en San Juan en defensa de los recursos naturales y las protestas realizadas durante los últimos meses en Santiago y Puerto Plata contra las exploraciones mineras.
De acuerdo con los convocantes, las organizaciones han efectuado siete manifestaciones relacionadas con la protección de la Cordillera Septentrional. Esa cifra corresponde al balance presentado por los propios movimientos comunitarios.
Anuncian protesta para el 3 de agosto en Pedro García
El sacerdote Ramón “Nino” Ramos, coordinador del movimiento “Unidos Somos Más”, anunció una nueva manifestación para el próximo 3 de agosto en la entrada del distrito municipal Pedro García, en Santiago.
La actividad tendrá como objetivo reiterar el rechazo de las comunidades a las actividades mineras y exigir garantías permanentes para la conservación de la cordillera, sus fuentes de agua y las zonas agrícolas que dependen de ellas.
Pedro García ha sido uno de los principales escenarios de las protestas. El 11 de mayo, decenas de residentes marcharon por las calles del distrito municipal bajo consignas como “la cordillera no se negocia” y “el agua es más importante que el oro”.
El Concejo de Regidores de esa demarcación también aprobó en enero la Resolución Municipal 02-26, mediante la cual expresó su rechazo a cualquier proyecto de explotación minera en el territorio y respaldó a las organizaciones defensoras de la Cordillera Septentrional.
Denuncian presencia de agentes militares cerca de El Hoyazo
Moradores de Pedro García denunciaron este lunes la presencia de agentes militares en zonas cercanas a la comunidad El Hoyazo, donde se encuentra parte del área correspondiente a la concesión minera denominada “Cobre El Hoyazo II”.
Los comunitarios no precisaron cuál institución habría ordenado el despliegue, la cantidad de militares presentes ni la función específica que estarían realizando. Hasta el momento, esta denuncia no ha sido confirmada públicamente por las autoridades.
La concesión de exploración fue otorgada a Vertrixi Holding, SRL, mediante la Resolución R-MEM-CM-013-2024, emitida por el Ministerio de Energía y Minas el 5 de julio de 2024. La autorización comprende estudios relacionados con oro, plata, cobre y otros metales básicos, pero no concede permiso automático para iniciar una explotación comercial.
Gobierno sostiene que no existe un plan de explotación
El Ministerio de Energía y Minas ha reiterado que la concesión permite únicamente trabajos de exploración y que cualquier eventual paso hacia la explotación requeriría otro procedimiento, evaluaciones técnicas, una autorización ambiental y la aprobación final del Poder Ejecutivo.
La institución aseguró en enero que las pruebas geofísicas realizadas durante 2025 no identificaron yacimientos con potencial económico y que el proyecto no había avanzado hacia una fase de desarrollo o extracción.
El entonces ministro de Energía y Minas, Joel Santos, sostuvo que no existía ningún plan de explotación en la Cordillera Septentrional y afirmó que el Estado actuaría como garante de la protección de los recursos naturales y de las comunidades.
Pese a esas explicaciones, los residentes han mantenido sus movilizaciones porque consideran insuficientes las garantías verbales y reclaman una decisión definitiva que impida la minería en la zona.
Las organizaciones también han solicitado al Congreso declarar la Cordillera Septentrional como patrimonio natural nacional libre de minería, debido a su importancia para el abastecimiento de agua, la producción agrícola, el turismo y la conservación ambiental de Santiago y Puerto Plata.
Tribunal ordenó paralizar las exploraciones
La controversia llegó a los tribunales mediante una acción de amparo interpuesta contra Vertrixi Holding y los ministerios de Energía y Minas y de Medio Ambiente.
El 4 de junio de 2026, la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Santiago ordenó paralizar de manera inmediata los trabajos de exploración vinculados con el proyecto “Cobre El Hoyazo II”.
La decisión acogió la acción presentada por el abogado y ambientalista Winston Vásquez Valera y estableció una sanción económica de RD$500,000 por cada día de retraso en el cumplimiento de la sentencia.
Anteriormente, el Ministerio de Medio Ambiente había certificado ante el tribunal que no había emitido permisos, licencias ni autorizaciones ambientales a favor de Vertrixi Holding para efectuar exploraciones en las coordenadas señaladas por los accionantes en Pedro García.
La empresa rechazó las acusaciones de haber intervenido áreas protegidas y afirmó que las coordenadas denunciadas se encontraban fuera del polígono de su concesión. También sostuvo que sus actividades entre julio y octubre de 2025 se limitaron a levantamientos geológicos y estudios preliminares.
Comunidades mantendrán la presión
Las organizaciones comunitarias indicaron que continuarán articulando acciones mientras no exista una garantía jurídica e institucional que cierre definitivamente la posibilidad de explotación minera en la Cordillera Septentrional.
La movilización programada para el 3 de agosto se realizará en un contexto marcado por la sentencia que ordenó paralizar las exploraciones, las declaraciones oficiales de que no existe un proyecto de explotación y la persistente desconfianza de las comunidades ante la vigencia de las concesiones.
Los dirigentes sostienen que la defensa de las fuentes de agua y de las actividades agrícolas debe convertirse en una causa regional, acompañada por organizaciones sociales, ambientales, religiosas y comunitarias de Santiago y Puerto Plata.
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