Gonzalo Castillo, excandidato presidencial del PLD y el exministro de Obras Públicas del Gobierno de Danilo Medina, solicitó este jueves la nulidad absoluta del proceso judicial en su contra por corrupto, alegando que el Ministerio Público incurrió en supuesto fraude procesal.
Los abogados de Castillo aseguraron que la acusación fue depositada fuera del plazo límite del 30 de abril de 2024, fijado mediante intimación expresa por el Segundo Juzgado de la Instrucción.
El Ministerio Público acusa a los tres exministros y a otras personas físicas y jurídicas de supuestamente integrar una red que estafó al Estado con más de 19 mil millones de pesos.
Acuerdos con quienes admitieron las operaciones ilícitas
Los abogados Laura Acosta, Nassef Perdomo y Luis Rivas afirmaron en un documento que el órgano acusador construyó su expediente a partir de acuerdos con individuos que admitieron haber organizado las operaciones ilícitas, pero que no fueron llevados al banquillo de los acusados, mientras se persigue penalmente a Castillo.
El Ministerio Público, remarcaron, "protege a los verdaderos responsables" y en ese empeño persegue penalmente a Castillo.
Aseguraron que entre estos individuos figuran Fernando Crisóstomo, identificado como uno de los organizadores del entramado junto a Ramón Emilio Jiménez (Mimilo) y José Arturo Ureña, "todos favorecidos con criterios de oportunidad, pese a haber reconocido su participación directa en los hechos", subrayaron.
Los juristas indicaron que conversaciones por WhatsApp incorporadas por la propia acusación evidencian que Fernando Crisóstomo informó a Carlos Báez Batista de sus contactos y coordinaciones directas con actores influyentes dentro del Ministerio Público, incluso antes de que existiera juez apoderado del proceso.
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