Varios partidos políticos y grupos de abogados de Puerto Rico expresaron este jueves su rechazo a la entrega por parte del Gobierno de la isla a las autoridades de Estados Unidos de datos de inmigrantes para su detención y deportación, una medida considerada "una traición" a estas comunidades.
La controversia estalló después de que se confirmara la divulgación de la información de 6.000 residentes extranjeros en Puerto Rico con licencia de conducir provisional a la agencia de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Las delegaciones del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara de Representantes y el Senado presentaron hoy una pieza legislativa requiriendo que se investigue el proceso seguido por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) para divulgar dicha información.
Los datos provistos por DTOP provienen de la puesta en vigor de la Ley 97-2013, aprobada con el fin de que residentes de Puerto Rico, independientemente de su estatus migratorio, pudieran obtener una licencia de conducir provisional, como un reconocimiento a la aportación a la vida económica y comunitaria de las comunidades migrantes.
El mismo estatuto protege la identidad de quienes obtengan tal documento, clasificándolo como confidencial, con lo cual se generó la expectativa de que los datos obtenidos por el Gobierno de Puerto Rico no serían entregados a las autoridades migratorias de EE.UU.
El exgobernador popular Alejandro García Padilla denunció que hay que ser "una persona genuinamente malvada, terrible, para haberle entregado esa lista a la gente que va a irlos a buscar a su casa para deportarlos".
"A todas luces, el Gobierno actuó de manera ilegítima al divulgar información cuando por ley les estaba prohibido tal proceder. Pero no debe extrañarnos este incondicionalismo de Jenniffer González y su Gobierno", dijo en un comunicado el senador del PIP, Adrián González Costa.
Por su parte, la senadora María de Lourdes Santiago denunció que "el Gobierno de Puerto Rico, en lugar de confrontar los abusos de las políticas trumpistas, se ha rendido sin la menor resistencia, pensando quizás que con esa muestra de lealtad ciega, ganan el favor de EE.UU".
También el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) expresó su rechazo a lo ocurrido, que calificó como "una violación crasa a la intimidad y derechos humanos de estas personas y sus familias".
Ana Irma Rivera Lassén, Coordinadora General del MVC, señaló que utilizar la información de las licencias de conducir es "una traición imperdonable a la confianza de miles de personas que actuaron de buena fe".
"Es aún más preocupante que esta colaboración haya resultado en el arresto de personas sin antecedentes penales, lo que evidencia que se trata de una política de persecución y no de seguridad" criticó Rivera Lassén.
Por su parte, Vivian Godineaux Villaronga, presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, afirmó que la entrega de información es "una afrenta y una violación al derecho universal a la privacidad ".
"No hay una obligación de las agencias estatales de colaborar con la agencias federales en lo relativo a estas órdenes impulsadas por la administración de Donald Trump", indicó.
Ayer, el subdirector del Departamento de Seguridad Nacional (HSI, en inglés), Yariel Ramos, confirmó en un programa televisivo que el Gobierno de González facilitó a la agencia federal la lista de los migrantes con licencia de conducir que no tienen estatus migratorio definido.
Las redadas contra la comunidad migrante en Puerto Rico, principalmente dominicana, comenzaron en enero pasado, lo que ha llevado a muchos inmigrantes a esconderse en sus hogares y no salir a trabajar.
La gobernadora de Puerto Rico justifica que leyes de inmigración federal son "mandatorias"
"No podemos escoger cuáles leyes vamos a cumplir y cuáles no y las leyes de inmigración federal son mandatorias y aplican a Puerto Rico de la misma manera y con la misma fuerza que las leyes de seguro social, Medicaid y las que protegen nuestros derechos civiles", expresó González en declaraciones escritas.
"Puerto Rico está haciendo lo que es absolutamente requerido y obligado por ley federal, ni más, ni menos", agregó la gobernadora en una publicación en redes sociales.
González detalló que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) entregó la data el pasado 29 de enero por requerimiento de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), con fecha del 26 de enero.
"La agencia lo que hizo fue cumplir con la orden en ley", subrayó la gobernadora, que reconoció sin embargo "las contribuciones importantes" que hacen a la economía de la isla los inmigrantes.
La controversia estalló después de que el miércoles el subdirector de HSI, Yariel Ramos, confirmara que el Gobierno de González facilitó a la agencia federal la lista de unos 6.000 migrantes con licencia de conducir que no tienen estatus migratorio definido.
Los datos provistos por DTOP provienen de la puesta en vigor de la Ley 97-2013, aprobada con el fin de que residentes de Puerto Rico, independientemente de su estatus migratorio, pudieran obtener una licencia de conducir provisional, como un reconocimiento a la aportación a la vida económica y comunitaria de las comunidades migrantes.
El mismo estatuto protege la identidad de quienes obtengan tal documento, clasificándolo como confidencial, por lo que se generó la expectativa de que los datos no serían entregados a las autoridades migratorias de EE.UU.
El exgobernador popular Alejandro García Padilla denunció que hay que ser "una persona genuinamente malvada, terrible, para haberle entregado esa lista a la gente que va a irlos a buscar a su casa para deportarlos".
Por su parte, las delegaciones del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara de Representantes y el Senado presentaron una pieza legislativa requiriendo que se investigue el proceso seguido por el DTOP para divulgar dicha información.
La senadora del PIP María de Lourdes Santiago denunció que "el Gobierno de Puerto Rico, en lugar de confrontar los abusos de las políticas trumpistas, se ha rendido sin la menor resistencia, pensando quizás que con esa muestra de lealtad ciega, ganan el favor de EE.UU".
Las redadas contra la comunidad migrante en Puerto Rico, principalmente dominicana, comenzaron en enero pasado, lo que ha llevado a muchos inmigrantes a esconderse en sus hogares y no salir a trabajar.
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