El Frente Amplio (FA) saludó el apresamiento del exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) Santiago Hazim, su sobrino Rafael Martínez Hazim y del empresario Eduardo Read, quienes fueron detenidos anoche en el marco de la amplia investigación que desarrolla el Ministerio Público sobre un presunto entramado de corrupción que habría operado por años dentro de la institución.
La organización política consideró que estos arrestos representan “un paso importante en la lucha contra la corrupción, en un caso donde se han denunciado graves irregularidades administrativas, desvíos de fondos públicos, contabilidad paralela, pagos irregulares a prestadores privados, sobornos y multimillonarios programas sin control ni beneficiarios identificados.
“Faltan más, y deben caer todos los involucrados”
El FA advirtió que estos tres apresamientos no representan la totalidad del entramado denunciado y recordó que existen otros funcionarios, exfuncionarios y sectores privados que habrían participado activamente en la estructura corrupta que saqueó recursos destinados a la salud del pueblo dominicano.
“Estos arrestos no pueden ser el punto final. Aquí falta gente, y deben caer todos. El país sabe que este caso involucra intereses políticos y empresariales que durante años han utilizado a SeNaSa como una fuente de enriquecimiento ilícito, mientras restringen el acceso de los afiliados a los servicios, a pesar del aumento constante de la cápita”, expresó el Frente Amplio.
La dirigente del Frente Amplio María Teresa Cabrera afirmó que el caso SeNaSa es “uno de los ejemplos más graves de cómo una élite política y económica convierte el Estado en una finca privada, despojando al pueblo de derechos fundamentales y violando sin pudor la institucionalidad”.
Qué, cuánto y a quiénes robaron
Recordó que las denuncias incluyen: desvío de fondos millonarios mediante “puntos médicos” privilegiando a centros privados, pagos por más de RD$4,000 millones a un proveedor no habilitado para entregar medicamentos, un programa de nutrición para adultos mayores con una ejecución estimada entre RD$4 y RD$6 mil millones, sin lista verificable de beneficiarios.
Además, duplicidad de facturas, sobornos y una estructura de contabilidad paralela para ocultar las operaciones irregulares.
La organización reiteró su demanda de sanción ejemplarizadora, sin privilegios ni blindajes políticos, y denunció que varios de los implicados han sido reubicados en otros cargos públicos, lo que evidencia “protección desde las altas estructuras del poder”.
“La justicia debe llegar hasta las últimas consecuencias. No aceptaremos expedientes mutilados, ni responsables protegidos por sus vínculos políticos o empresariales”, concluyó María Teresa Cabrera.
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