El Estado dominicano redujo en casi tres cuartas partes el presupuesto del Instituto Agrario Dominicano (IAD) para 2026, pasando de RD$1,998.3 millones a RD$502.6 millones, un recorte de RD$1,495.7 millones que deja sin respaldo financiero suficiente a más de 127,000 parceleros distribuidos en 604 asentamientos de la Reforma Agraria. La denuncia la formuló Modesto Reyes, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural de Fuerza del Pueblo (FP), quien advirtió que el ajuste no fue compensado por el Ministerio de Agricultura, que apenas recibió RD$162 millones adicionales para asumir las nuevas responsabilidades.
El recorte al IAD se produce en un año en que el Gobierno del presidente Luis Abinader ha priorizado el gasto en infraestructura urbana y turística, mientras el sector agropecuario acumula señales de tensión: alza en los precios de alimentos básicos, presión sobre las importaciones y una sequía que afectó varias provincias en el primer semestre de 2026.
¿Qué implica realmente un recorte del 75 % al IAD?
El IAD es la institución del Estado dominicano responsable de ejecutar la política de Reforma Agraria: titulación de parcelas, asistencia técnica, rehabilitación de caminos rurales, apoyo a cooperativas e infraestructura productiva. Un recorte de esta magnitud no es un ajuste administrativo: es, en la práctica, la parálisis operativa de una institución que atiende a familias campesinas que dependen directamente de sus servicios.
Según los datos aportados por Reyes, el sector agrario en conjunto, IAD más Agricultura, dispondrá en 2026 de más de RD$1,330 millones menos que en 2025 para atender las mismas —y ahora ampliadas— responsabilidades. La brecha entre lo que se quitó y lo que se compensó es, en términos presupuestarios, abismal.
La Reforma Agraria dominicana, iniciada formalmente en 1962 con la creación del IAD tras la caída de Trujillo, ha sido históricamente un tema sensible en la política nacional. Cualquier modificación a su estructura institucional tiene implicaciones sociales, económicas y electorales que trascienden el debate técnico-presupuestario.
¿Cuántas familias están en riesgo?
La cifra es concreta: más de 127,000 parceleros y sus familias, vinculados a más de 10.8 millones de tareas de tierra en 604 asentamientos agrarios a lo largo del territorio nacional. Para estas familias, el IAD no es una sigla burocrática: es el organismo que les garantiza el título de su parcela, el camino para sacar su cosecha y el técnico que les orienta sobre cómo producir.
Con los recursos actuales, servicios como la regularización y titulación de tierras, la capacitación y el apoyo a cooperativas quedan comprometidos en su continuidad.
¿Por qué Agricultura no puede absorber las funciones del IAD?
Reyes señaló una contradicción que los números confirman: mientras al IAD se le retiran casi RD$1,500 millones, el Ministerio de Agricultura recibe apenas RD$162 millones adicionales para asumir sus funciones. La diferencia entre ambas cifras —más de RD$1,330 millones— no tiene destino presupuestario claro.
Esa opacidad es precisamente lo que la oposición cuestiona. Fuerza del Pueblo exigió al Gobierno transparentar el destino de los recursos, terrenos, equipos y personal del IAD, una demanda que apunta a un posible proceso de desmantelamiento institucional sin rendición de cuentas.
¿Qué propone la oposición para el sector rural?
Como contrapropuesta, Fuerza del Pueblo anunció que, de llegar al gobierno, transformará el IAD en el Instituto Dominicano de Desarrollo Rural, con una visión territorial más amplia que integraría producción, titulación, financiamiento, infraestructura, salud, vivienda, conectividad y protección ambiental en una sola institucionalidad.
La propuesta busca superar el modelo sectorial del IAD —centrado exclusivamente en la tierra— para pasar a un enfoque de desarrollo integral de los territorios rurales. Si bien es una promesa de campaña, instala en el debate público una pregunta que el Gobierno aún no ha respondido con claridad: ¿qué modelo de Estado rural quiere la República Dominicana.
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