Una coalición bipartidista integrada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y los fiscales generales de otras 48 jurisdicciones de Estados Unidos solicitó a la Federal Communications Commission (FCC) reforzar las regulaciones contra las robollamadas ilegales.
Ello, al considerar que los mecanismos actuales aún permiten que organizaciones criminales obtengan números telefónicos para cometer fraudes contra los consumidores.
La coalición propone cerrar vacíos regulatorios
En una carta remitida a la FCC, los fiscales respaldan las normas propuestas por el organismo regulador en marzo de 2026, pero sostienen que estas deben ampliarse para impedir que los estafadores continúen aprovechando debilidades en el sistema de asignación y reventa de números telefónicos.
Entre las recomendaciones formuladas figuran:
- Ampliar las facultades legales de los fiscales generales para perseguir a quienes participan en el negocio de las robollamadas ilegales.
- Restringir la reventa de determinados números telefónicos utilizados con frecuencia en operaciones fraudulentas.
- Extender los requisitos de certificación sobre propiedad extranjera a todas las empresas que asignan o comercializan números telefónicos.
- Establecer programas obligatorios de capacitación y mayores exigencias de transparencia para las compañías que venden o administran números telefónicos.
Miles de millones de llamadas fraudulentas cada año
La iniciativa responde al elevado volumen de llamadas automatizadas y mensajes fraudulentos que continúan afectando a consumidores estadounidenses.
De acuerdo con los datos citados por la coalición, durante el último año se registraron decenas de miles de millones de robollamadas y mensajes de texto fraudulentos, con pérdidas económicas que ascienden a miles de millones de dólares.
Las autoridades sostienen que muchas de estas operaciones se apoyan en el acceso a números telefónicos aparentemente legítimos para dar credibilidad a las estafas.
Una estrategia coordinada entre los estados
La ofensiva forma parte de una estrategia interestatal iniciada en años recientes para combatir las redes dedicadas a las robollamadas ilegales.
La coalición recuerda que en 2022 se creó un grupo especial de litigación contra este tipo de fraude y que, posteriormente, decenas de proveedores de servicios telefónicos recibieron advertencias por facilitar el tránsito de llamadas fraudulentas.
Asimismo, varios fiscales generales han respaldado acciones judiciales destinadas a impedir que empresas de telemercadeo obtengan números telefónicos sin el consentimiento de los consumidores.
La FCC abrió en marzo de 2026 un proceso regulatorio para fortalecer los controles sobre las empresas que acceden, asignan y revenden recursos de numeración telefónica.
La propuesta busca mejorar la trazabilidad de los números utilizados en las comunicaciones y dificultar que organizaciones criminales oculten su identidad mediante intermediarios o empresas de fachada.
Compartir esta nota