La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) consideró que la violencia contra las mujeres y las diferentes formas de violencia que surgen de la convivencia interpersonal en todas la áreas sociales, ponen en evidencia los problemas sociales y estructurales de la sociedad, los cuales ameritan la atención urgente de todos los sectores nacionales, tanto públicos como privados.
A través de un comunicado, a raíz de las muertes violentas que se produjeron la pasada semana, la entidad sostuvo que esta atención a dicho flagelo debe generar nuevas formas de respuesta social, en el sentido de que esta violencia debe ser enfrentada desde cada espacio, territorio o sector.
La entidad llamó a realizar un esfuerzo concertado para que se coordinen y profundicen las políticas públicas que han sido definidas en los últimos años, al igual que los esfuerzos e iniciativas institucionales que se han diseñado.
Enfatizó que la cohesión interinstitucional que debe producirse debe reflejarse en una mejoría de los procesos de diseño, ejecución y sostenimiento de políticas públicas coordinadas, responsables y exitosas, que respondan adecuadamente a nuestra realidad, desde una perspectiva integral y con el compromiso de incrementar los recursos públicos y privados que se requieren.
Destacó que el alto número de denuncias sobre violencia y muertes de mujeres en situación de vulnerabilidad y desprotección, es imprescindible que se adopten políticas públicas efectivas para asegurar las medidas cautelares que contemplen protocolos de actuación que utilicen intensivamente los avances de la tecnología, para incentivas la prevención y respuesta rápida ante la inminencia de las agresiones.
Uso de la tecnología
Finjus ve la tecnología como un componente importante en las nuevas políticas de contención y control de la violencia contra las mujeres, que puedan superar las insuficiencias de las simples medidas de alejamiento físico sin control de ningún tipo de autoridad oficial, de forma que se pueda ubicar rápidamente a los potenciales agresores en las situaciones de alto riesgo, como son aquellas donde ya se han producido antecedentes o tentativas de agresión.
La fundación promovió además una labor coordinada de las diferentes instancias oficiales, desde los órganos policiales, del Ministerio Público, los organismos de asistencia social y de acción rápida, las iniciativas privadas para acoger y apoyar mujeres víctimas, son parte de la solución a corto plazo.
Finalmente, manifestó que el incremento de los recursos que el Estado invierte en la prevención y control de la violencia, especialmente en los sectores más vulnerables y expuestos, mediante programas que apunten a la generación de empleos y formas asociativas de producción y sostenimiento familiar.
Así como, la revisión y adopción de los instrumentos legales y normativos que aún se requieren para enfrentar situaciones específicas, entre lo que se destaca la modificación del arcaico Código Penal que solo favorece a la delincuencia, la criminalidad organizada y las formas más abyectas de la violencia intrafamiliar.
Al igual que el mejoramiento inmediato de los niveles de respuesta ante las manifestaciones de la violencia, lo que incluye, mayores recursos para la recolección de datos e información sobre las manifestaciones y causas de la violencia, sustentadas en investigaciones focalizadas en vectores sociales que agudizan este fenómeno.
Como el diseño e implementación de mecanismos para mejorar la capacidad de respuesta de las instituciones responsables, reforzando las competencias, responsabilidad y diligencia de los funcionario encargados de hacer cumplir y activar los mecanismos de protección hacia la mujer y prevenir la violencia.