La Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) expresó su oposición a la propuesta legislativa que busca eliminar el aporte fijo de RD$20 por habitante destinado a los ayuntamientos, en el marco de una reforma a la Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.
La iniciativa, presentada por el senador Eduard Espiritusanto, plantea sustituir el esquema actual de contribución por un modelo proporcional, basado en el tipo de actividad económica, el volumen de residuos generados y la capacidad contributiva. También propone eliminar el pago de las instituciones sin fines de lucro y suprimir el aporte fijo que reciben los cabildos.
Fedomu, organización que agrupa a los gobiernos municipales, consideró que la medida contraviene los compromisos legales y constitucionales del Estado con la financiación de los gobiernos locales. Su presidente, Nelson Núñez, sostuvo que eliminar este ingreso afectaría directamente la capacidad operativa de los municipios.
Según explicó, el aporte no constituye una carga directa para la ciudadanía, como ha sido interpretado en algunos sectores, sino que proviene de contribuciones realizadas por entidades industriales, comerciales y gubernamentales, como parte de sus ingresos. Indicó además que estos montos son deducibles del impuesto sobre la renta y representan menos del 0.35 % de sus ingresos.
En ese sentido, Fedomu advirtió que la eliminación del aporte no implicaría un alivio económico para la población, sino una reducción de recursos destinados a servicios municipales esenciales, como la gestión de residuos sólidos, el mantenimiento urbano y otras competencias locales.
La discusión se produce en medio de un debate más amplio sobre el financiamiento de los gobiernos locales y el alcance de la descentralización en República Dominicana. Normativas como la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, así como las leyes 423-06 de Presupuesto y 498-06 de Planificación e Inversión Pública, establecen principios de autonomía municipal y mecanismos de asignación de recursos.
Para Fedomu, cualquier modificación al esquema actual debe garantizar, y no reducir, la capacidad financiera de los ayuntamientos. La entidad insistió en que una descentralización efectiva depende de que los gobiernos locales cuenten con ingresos suficientes para responder a las demandas de sus territorios.
El proyecto legislativo continúa en fase de discusión en el Congreso Nacional, donde distintos sectores han comenzado a fijar posición sobre sus posibles implicaciones.
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