Al cumplirse cinco meses del colapso de la discoteca Jet Set, que dejó un saldo de 236 personas muertas y más de 180 heridas, familiares y sobrevivientes acudieron el lunes a diversas misas en honor a las víctimas, donde expresaron su frustración y cuestionaron el accionar de la justicia dominicana.
Durante las ceremonias, celebradas en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús de Villa Juana y en la denominada “zona cero” del centro nocturno, los asistentes recordaron la pérdida de sus seres queridos y denunciaron negligencia por parte de los propietarios del establecimiento.
“Estos últimos cinco meses yo me los he pasado llorando. Todavía salgo al patio y tengo que llorar porque mi hijo siempre estaba ahí. Pero la justicia de aquí siempre es igual, no van a hacer nada. Todo eso se va a quedar así”, lamentó Eladio Espino, padre de una de las víctimas mortales.
Añadió que la clase política siempre apoya al adinerado, “como todos ellos son la misma clase, uno no puede hacer más nada. Pero yo no creo que vayan a hacer justicia”, expresó.
Otros familiares denunciaron que la tragedia fue consecuencia de una “evidente negligencia y falta de respeto a la vida humana”, y reiteraron que continuarán su lucha para obtener respuestas, aunque reconocieron no confiar en la imparcialidad de los tribunales.
“Evidentemente negligencia, falta de consideración y de respeto a la vida humana. Nosotros esperamos que se haga justicia, No solamente en nuestro caso, sino en todos los casos”, expresó un pariente de las víctimas.
De su lado, Ana María Ramírez, sobreviviente del colapso, hizo un llamado al Ministerio Público para que reconsidere la tipificación del caso, pasando de homicidio involuntario a homicidio voluntario por dolo eventual.
“Es una tipificación que está contemplada en nuestro Código Penal y ellos conocían el estado de este inmueble, sabían que se estaba cayendo y aun así continuaban con las fiestas por beneficios económicos. Incluso, ese mismo día, cuando se cayó el primer pedazo, ellos decidieron continuar con la fiesta, entonces, son pruebas que tiene el Ministerio Público y que todos los dominicanos conocemos”, manifestó Ramírez.
En tanto, el padre Rogelio Cruz, junto a otros sacerdotes, se comprometió a acompañar cada 8 de mes a los familiares en su clamor de justicia.
“Este proceso está amañado. Aquí la justicia, como decía Galeano, es como la serpiente, que solo muerde a los descalzos. Si esto hubiese ocurrido en otro círculo social, la respuesta habría sido distinta”, enfatizó.
El padre señaló que además de la falta de voluntad judicial, existen presiones psicológicas para desalentar la participación de los familiares en las audiencias y actividades conmemorativas.
Los deudos acusaron a la clase política de apoyar a los empresarios involucrados y advirtieron que seguirán unidos para evitar que el caso quede en el olvido.
Por el hecho, el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso el pago de una garantía económica de 50 millones de pesos como medida de coerción contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, así como impedimento de salida del país y presentación periódica, al tiempo que declaró el caso como complejo, dado el volumen de víctimas, pruebas y denuncias involucradas.
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