Un grupo de más de cuarenta intelectuales, maestras, juristas, comunicadores y ciudadanos dominicanos lanzó un llamado urgente al Gobierno, al sistema educativo y a los medios de comunicación para que adopten medidas concretas frente a la ola de feminicidios que golpea al país.
Ello, en momentos en que los casos crecieron un 36,4 % en lo que va de 2026 y solo el 13 % de las víctimas había denunciado previamente a su agresor.
Una herida nacional que ya no admite silencio
La historiadora y maestra Carmen Durán, vocera de la iniciativa ciudadana, fue directa: la República Dominicana lleva demasiado tiempo acostumbrándose a los feminicidios como si fueran hechos aislados o simples noticias policiales.
El comunicado público presentado el 28 de mayo de 2026, surgido del encuentro "Reflexión y Acción frente a la Violencia contra las Mujeres", no es una declaración más. Es una interpelación a todo el andamiaje institucional del país.
"El país no puede seguir perdiendo mujeres mientras la sociedad mira hacia otro lado. No queremos más minutos de silencio después de cada tragedia. Queremos acciones concretas antes de que otra mujer sea asesinada", planteó Durán al presentar el documento.
El trasfondo es alarmante: según el Ministerio Público, solo en el primer trimestre de 2026 se registraron 17.552 denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales, y 22 feminicidios. Para mayo, la cifra total ya superaba los 32 casos. La propia ministra de Interior y Policía, Faride Raful, admitió públicamente que el Estado "ha fallado" en la respuesta preventiva.
El Estado en el banquillo
La iniciativa ciudadana no se limita a denunciar cifras. Señala con nombre propio a las instituciones que deben rendir cuentas: el Ministerio de Interior y Policía, la Policía Nacional y el Ministerio Público son interpelados de manera explícita por su respuesta fragmentada, tardía e insuficiente.
Durán subrayó que resulta inaceptable que numerosas víctimas hayan denunciado previamente a sus agresores y aun así terminaran asesinadas, y que mujeres que buscan protección encuentren indiferencia, burocracia o maltrato en las mismas oficinas llamadas a protegerlas.
El comunicado exige que se apliquen efectivamente las sanciones administrativas, disciplinarias y penales previstas en la ley para quienes incumplan los protocolos establecidos.
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