La comunidad evangélica dominicana, que dice representar "a más de quince mil iglesias y cerca de tres millones de creyentes", manifestó su "rechazo absoluto" a la sentencia 1225-25 del Tribunal Constitucional, que despenaliza las relaciones homosexuales dentro de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
La dirigencia eclesial sostiene que el Tribunal "habría legislado fuera de los límites de la Constitución" y opinan que "no puede obligar a instituciones castrenses a acatar una decisión que vulnera el orden institucional, altera la naturaleza militar y amenaza la disciplina que sostiene la seguridad nacional".
Las entidades evangélicas, durante una rueda de prensa frente al Tribunal Constitucional, anunciaron que solicitarán formalmente revisión jurisprudencial, conforme al bloque de constitucionalidad y al control de convencionalidad.
“No podemos guardar silencio”
Declararon que no pueden permanecer callados ante lo que considera una decisión “desafortunada, inoportuna y contraria al espíritu histórico de la nación”.
Según los líderes eclesiásticos evangélicos, la sentencia “desfigura la creación divina, redefine la familia y socava valores éticos que han guiado al país por siglos”.
Tras unas citas bíblicas, los representantes evangélicos afirmaron que callar sería “traicionar la misión pastoral y la responsabilidad profética”, y reiteraron su compromiso de hablar “con claridad, valentía y autoridad espiritual”.
Exclusión de las iglesias
"La exclusión de las iglesias judeocristianas como amicus curiae en el proceso que dio lugar a la sentencia TC/1225/25 constituye una vulneración al principio de pluralidad y a la libertad religiosa, pues mientras el Tribunal Constitucional permitió la participación de organizaciones LGBTI+ y ONG de derechos humanos, negó o no consideró la intervención de instituciones religiosas que representan un sector social directamente impactado por el fallo", argumentaron.
Es decir, subrayaron, se impidió que estas iglesias "aportaran argumentos jurídicos, éticos y sociales en una causa relacionada con moral pública, disciplina institucional y valores comunitarios".
"El Tribunal limitó la diversidad del debate constitucional, generó una desigualdad en el acceso a mecanismos de participación ciudadana y produjo una forma de discriminación institucional que afecta la legitimidad social de la decisión, vulnerando derechos colectivos de expresión, asociación y participación en asuntos de alto impacto nacional", argumentaron.
Impacto sobre la disciplina militar y policial
La comunidad evangélica advirtió que la disciplina de la Policía y las Fuerzas Armadas “queda seriamente comprometida”, debido a que estas instituciones se rigen por un régimen jurídico especial que exige obediencia absoluta, cohesión interna y estricta subordinación.
Añadieron que "la invalidación de normas internas sobre conducta, moral y convivencia obligaría a modificar reglamentos, códigos de ética y manuales disciplinarios, generando inseguridad jurídica, debilitamiento de la cadena de mando y conflictos que afectan la autoridad y cohesión institucional”.
Preocupaciones jurídicas y sociales
Los representantes eclesiales sostienen que la decisión del Tribunal Constitucional “no es un acto jurídico aislado, sino un ataque directo a la estructura moral e institucional de la República Dominicana”.
Señalan que "la sentencia se fundamentaría en leyes derogadas, situación que compromete la validez del fallo" y que, "al pronunciarse sobre normas sin vigencia jurídica, el Tribunal habría reactivado disposiciones extinguidas, violando el principio de legalidad penal y afectando la seguridad jurídica del proceso".
Asimismo, denuncian que la medida forma parte de “una presión ideológica global” que busca introducir valores y conceptos ajenos al sentir histórico del pueblo dominicano y contrarios —afirman— "al diseño de Dios para la familia".
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