En República Dominicana el tráfico ilícito de migrantes se ha incrementado en los últimos años, mostrando una realidad compleja que involucra factores sociales, económicos y de seguridad fronteriza.
Según datos de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), entre 2020 y 2024, al menos 1,260 personas fueron sometidas a la justicia por su participación en redes de tráfico de migrantes, siendo la mayoría de los implicados hombres.
La mayoría de los migrantes provienen de Haití, lo que se explica por la crisis humanitaria y de seguridad que atraviesa ese país.
En medio del colapso institucional y la violencia de bandas armadas, miles de haitianos cruzan la frontera dominicana en busca de refugio, empleo o estabilidad. Sin embargo, muchos de ellos son víctimas de un sistema informal de “peajes” cobrados tanto por civiles como militares que, a cambio de dinero, facilitan su traslado de forma clandestina.
De acuerdo con el Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe (Obmica), en el 2023, los miembros del Ejército Nacional (ERD), la Policía Nacional y la Dirección General de Migración (DGM) cobraban entre RD$ 10,000 y RD$ 20,000 por persona detenida para liberarlos.
En el periodo 2020-2024, en República Dominicana fueron sometidas a la justicia 1,260 personas por tráfico de migrantes en el país, según datos de la PETT.
En 2020 figuran 127 personas sometidas a la justicia, de cuales 122 eran hombres y cinco mujeres; en el 2021 figuran 215, siendo 205 hombres y 10 féminas. Para el 2022, el PETT tiene registro de 243 personas, siendo 240 hombres y tres mujeres.
El año de mayor personas cantidad de personas imputadas fue el 2023 con un total de 377 personas sometidas a la justicia, siendo 358 hombres y 19 mujeres. Para el 2024, se registró una disminución, siendo sometidas 298 personas.
En 2023, las cifras de personas que traficaban indocumentados alcanzaron su punto más alto.
De acuerdo con la entidad a estas personas le fueron impuestas las medidas previstas en los numerales 1,2,4 y 7 del artículo 226 de código de Procedimiento Penal. Estas fueron: presentación de una garantía económica suficiente, la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez, obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designe, así como la prisión preventiva.
De las 1,260 detenidas por trafico de migrantes, solo 21 fueron condenadas.
La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) indicó que, para el tráfico ilícito terrestre de migrantes, los medios de transportes más utilizados son motocicletas, vehículos tipo sedan y yip, minibús y autobuses de hasta 55 pasajeros, así como vehículos de cargas camuflajeados a tales fines.
Sobre el número exacto de vehículos retenidos y la utilidad de estos, la PETT se limitó a decir que la solicitud fue remitida a la dirección correspondiente, sin especificar cuál es esta.
Sanciones para los funcionarios públicos y miembros de las instituciones del orden
Considerando que miembros del Ejército (ERD), la Policía Nacional, el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), así como funcionarios públicos incurren en la extorsión y transporte de migrantes, el pasado 27 de abril de 2025, la Procuraduría General de la República (PGR) emitió la Instrucción General para las Investigaciones del Tráfico Ilícito de Migrantes.
La referida instrucción tiene como objetivo fortalecer la política del Ministerio Público, la cual dispone dar alta prioridad a las investigaciones en las cuales estos funcionarios, militares y policías sean miembros de estructuras criminales de tráfico ilícito de migrantes.
La PGR indicó que en estos casos se deberá solicitar la suspensión inmediata de las funciones del involucrado, a través de los órganos competentes. También en los casos de que esos servidores públicos recurran a la extorsión, reciban sobornos, cualquier dádiva o prebenda a cambio de facilitar tráfico ilícito de migrantes.
Los representantes del Ministerio Público deberán solicitar y ejecutar inmovilizaciones de cuentas, inmuebles, vehículos y todo activo vinculado a las acciones ilícitas de las personas o estructuras dedicadas al tráfico ilícito de migrantes.
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