Dos mujeres dominicanas que denuncian haber sido víctimas de delitos graves en propiedades del cantante español Julio Iglesias escalaron su caso a la ONU. El 9 de septiembre de 2026, la organización Women’s Link envió una comunicación urgente a seis mecanismos especiales de Naciones Unidas, luego de que la justicia española archivara la denuncia inicial sin investigar los hechos.
¿Qué denuncian Rebeca y Laura?
Las dos mujeres, identificadas solo por sus nombres de pila para proteger su identidad, denuncian hechos que habrían ocurrido en 2021 en propiedades del cantante ubicadas en las Bahamas y en República Dominicana. El 5 de enero de 2026, acompañadas por Women’s Link, presentaron una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España. Dieciocho días después, el 23 de enero, la Fiscalía la archivó: consideró que España no tenía jurisdicción para investigar.
Ante ese cierre, el 3 de septiembre de 2026 presentaron una querella directamente ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia español, un paso que eleva la presión sobre el sistema judicial y que abre una vía distinta a la fiscal.
¿Por qué la ONU y por qué ahora?
Women’s Link dirigió la comunicación urgente a seis instancias: la Relatora Especial sobre violencia contra las mujeres y las niñas, el Grupo de Trabajo sobre discriminación contra las mujeres, el Relator Especial sobre derechos humanos de los migrantes, la Relatora Especial sobre independencia de magistrados y abogados, la Relatora Especial sobre formas contemporáneas de esclavitud, y la Relatoría sobre trata de personas.
La organización pide a esos mecanismos tres cosas concretas: que soliciten a España información sobre cómo garantizará una investigación efectiva e independiente; que recomienden medidas urgentes de protección para las denunciantes, sus familias y los testigos; y que el caso sea examinado con perspectiva de género interseccional.
El argumento jurídico de Women’s Link para sostener que España sí tiene competencia descansa en tres pilares: la nacionalidad española del querellado, el principio de justicia universal y las obligaciones internacionales de derechos humanos que el Estado español está obligado a cumplir.
¿Qué riesgo enfrentan las denunciantes?
Rebeca y Laura expresaron temor a represalias. Women’s Link señala que la combinación de factores —la posición económica y social del querellado, la condición migratoria y racial de las denunciantes, y la ausencia actual de protección estatal— las coloca en una situación de vulnerabilidad agravada.
El caso no es solo individual. La organización advierte que expone una falla estructural en el acceso a la justicia para mujeres migrantes trabajadoras del hogar: su situación migratoria, económica y de género opera, en la práctica, como un obstáculo adicional frente a un acusado con notoriedad pública y recursos.
¿Tiene España antecedentes de fallas similares?
Sí, y documentados por organismos internacionales. En 2014, el Comité de la CEDAW determinó que España incumplió su obligación de actuar con debida diligencia en el caso de Ángela González Carreño, con consecuencias fatales para la víctima. En octubre de 2024, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Estado español en el caso T.V. c. España por violar el artículo 4 del Convenio Europeo —que prohíbe la esclavitud y el trabajo forzado—, al no actuar con diligencia en las fases iniciales de la investigación.
"Las instituciones de justicia de los Estados deben tomar decisiones en estricto apego a las normas nacionales e internacionales, sin importar quien sea la persona querellada", dijo Jovana Ríos Cisnero, directora ejecutiva de Women’s Link. "No basta con alentar a las mujeres a denunciar; es necesario garantizar que, al hacerlo, puedan acceder a una investigación efectiva y a las medidas de protección que correspondan."
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