Una ciudadana estadounidense naturalizada, originaria de la República Dominicana, fue sentenciada a 24 meses de prisión por su participación en un sofisticado esquema de fraude electrónico que afectó a entidades públicas de los Estados Unidos, entre ellas un distrito escolar ubicado en el estado de Montana.
Lorena Pérez-Herrera fue hallada responsable de integrar una red de fraude conocida como "compromiso de correo electrónico empresarial" (BEC, por sus siglas en inglés), una modalidad delictiva internacional que consiste en suplantar identidades corporativas o institucionales a través del correo electrónico para desviar fondos hacia cuentas controladas por los criminales.
Más de 1.4 millones de dólares en restitución
Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó a Pérez-Herrera el pago de más de 1.4 millones de dólares en restitución a las víctimas del esquema. La sentencia es el resultado de una investigación coordinada entre agentes especiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), junto a sus socios federales en la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS).
ICE, más allá del control migratorio
El caso pone de relieve una faceta menos conocida de ICE: su brazo investigativo, Homeland Security Investigations (HSI), que tiene competencia para hacer cumplir cientos de leyes federales más allá del control migratorio. Entre esas atribuciones se encuentra la persecución de delitos financieros transnacionales, como los esquemas BEC, que cada año generan pérdidas millonarias a empresas, instituciones educativas y organismos gubernamentales en todo el mundo.
Los fraudes de tipo BEC se han convertido en una de las amenazas cibernéticas y financieras más costosas a nivel global. Según el FBI, este tipo de estafa genera pérdidas de miles de millones de dólares anuales solo en los Estados Unidos.
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