La Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que fusiona el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) con el Ministerio de Hacienda.
La decisión coincidió hoy con el decreto del presidente Luis Abinader con el que se designó al economista Magín Díaz como titular del nuevo órgano que centralizará la conducción de la política económica del país.
La pieza legislativa que pasa ahora a manos del presidente de la República para su promulgación, fue conocida en dos sesiones consecutivas, y no contó con el voto favorable de los diputados de la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicano (PLD).
Esta propuesta, impulsada por el Poder Ejecutivo, tiene como objetivo, según lo expuesto por el propio presidente ante el Senado, fortalecer la sostenibilidad fiscal, mejorar la planificación y ejecución de la inversión pública, optimizar la gestión financiera del Estado y fomentar un entorno más eficaz y favorable para la inversión en el país.
El nuevo ministerio contará con alrededor de seis viceministerios, responsables de áreas clave como Tesorería y Patrimonio, Presupuesto y Contabilidad, Crédito Público, Política Fiscal, Planificación e Inversión, y Economía. Estas instancias coordinarán el trabajo de unas 14 instituciones públicas y formarán parte de distintos consejos de articulación intergubernamental.
Entre las entidades que pasarán a estar bajo la estructura de este nuevo órgano ejecutivo figuran la Dirección General de Presupuesto, la Dirección General de Contrataciones Públicas, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, la Dirección General de Aduanas, la Dirección General de Impuestos Internos, la Lotería Nacional y la Dirección de Jubilaciones y Pensiones del Estado, entre otras.
Además, la nueva legislación establece el traslado de varias funciones que antes correspondían al Ministerio de Economía hacia el Ministerio de la Presidencia. Estas incluyen la cooperación internacional, la planificación territorial y el uso del suelo, la gestión de riesgos, y la supervisión de las asociaciones sin fines de lucro que reciben fondos públicos.
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