Miembros de la Policía Nacional han denunciado supuestas irregularidades en el proceso de distribución del nuevo uniforme institucional. De acuerdo con sus declaraciones, solo un número limitado de oficiales de la cúpula policial ha recibido la vestimenta sin contratiempos, mientras que la mayoría se ven forzado a adquirirla en establecimientos comerciales a precios elevados, superiores a los ingresos oficiales que perciben de la institución, para evitar posibles sanciones.
De acuerdo con información obtenida por periodistas de Acento, la Comandancia General de la Policía ha establecido como requisito obligatorio el uso del nuevo uniforme para todo el personal. No obstante, únicamente los oficiales y alistados de la inspectoría y los altos mandos han adquirido los uniformes a través de la intendencia de la institución, situación que algunos consideran un privilegio injustificado.
Esta obligación representa un gasto considerable, particularmente para aquellos agentes que perciben salarios bajos, ya que puede afectar desfavorablemente su economía y generar mayores desafíos financieros, expresan.
Los oficiales afirman que, al solicitar uniformes a la intendencia, reciben respuestas como “No le corresponde o No hay disponibilidad”, lo que dificulta el desempeño de sus funciones. Añaden que solo quienes cuentan con contactos en puestos directivos obtienen los insumos sin inconvenientes, lo cual evidencia posibles prácticas de favoritismo en el sistema.
Detalla que el costo estimado para la confección de un uniforme de oficial asciende a aproximadamente 10,000 pesos. El quepis, considerado un elemento esencial del atuendo, tiene un valor de 14,000 pesos. Los accesorios adicionales, tales como insignias, botones personalizados y cordón, suman 7,000 pesos. Por su parte, los zapatos elaborados con materiales apropiados presentan un precio de 4,500 pesos. Respecto a las camisas, se requieren dos blancas de manga larga por un total de 2,800 pesos, así como dos camisas azules de manga corta con un costo unitario de 900 pesos.
Además, se requerirá la adquisición de vestimenta laboral, que incluye al menos un chamaco con un costo aproximado de 5,000 pesos; una gorra valorada en 1,000 pesos; dos camisas azules con los sellos correspondientes, por un total de 2,800 pesos, y una chaqueta (jakes) cuyo valor asciende a 2,500 pesos. Es fundamental que cada integrante disponga, como mínimo, de dos chamacos, así como de igual cantidad de pantalones y camisas de faena, lo que incrementará su gasto.
Nuevo uniforme carece de regulación legal
El aspecto de esta denuncia radica, además, en la ausencia de establecer un marco legal que regule el nuevo uniforme. Según la fuente consultada, esta vestimenta, cuyo uso es mandatorio y supone un costo significativo, no cuenta con una normativa adecuada mediante una Orden General Interna o disposición institucional que establezca de manera clara su diseño, carácter obligatorio ni la responsabilidad institucional respecto a su suministro.
De acuerdo con los oficiales denunciantes, la institución tiene la obligación legal de proporcionar los recursos necesarios para que sus miembros desempeñen adecuadamente su misión, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de la Policía Nacional. La exigencia de realizar compras personales sin reembolso transfiere una carga financiera injustificada al agente, afectando su estabilidad económica y contraviniendo el principio fundamental de servicio.
Además, señalan que la falta de un reglamento oficial podría permitir que los controles internos no aborden adecuadamente la situación, lo que facilitaría el desarrollo de negocios de uniformes en establecimientos externos y generaría sospechas sobre la posibilidad de que este sistema de compra obligatoria encubra deficiencias administrativas o prácticas irregulares en el proceso de adquisición y distribución de la indumentaria policial.
Asimismo, sostienen que la reforma policial no puede fundamentarse en la exigencia sin la provisión, ni en la modernización sin la legalidad. “Los agentes están siendo doblemente victimizados: por la inseguridad económica que les impone esta compra forzada y por la incertidumbre jurídica de portar un uniforme no reglamentado.”.
Los interesados señalaron la importancia de que se publique la Orden General que regula el nuevo uniforme, a fin de otorgar el respaldo legal correspondiente. Asimismo, estiman relevante revisar los mecanismos de dotación implementados por la Intendencia, garantizando así condiciones equitativas y una adecuada disponibilidad para todos los integrantes.
Este acontecimiento se desarrolla en el marco de la implementación, por parte del Gobierno, de una reforma dirigida a la modernización y transformación de la Policía Nacional, cuyo objetivo es optimizar la seguridad ciudadana. No obstante, pese a los avances institucionales alcanzados, subsiste una problemática significativa que afecta al personal policial, tal como se evidencia en el caso citado.
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