Cinco organizaciones comunitarias y de derechos humanos de La Caleta exigieron este fin de semana al presidente Luis Abinader declarar de utilidad pública los terrenos que ocupan cientos de familias en ese distrito municipal de la provincia Santo Domingo.
Sostienen en una declaración que esta es la única salida para detener los desalojos que, denuncian, se ejecutan de madrugada con maquinaria pesada y respaldo de la Policía Nacional.
Las denuncias apuntan a un patrón sistemático: brigadas acompañadas por agentes de la Policía Nacional llegan en horas de la madrugada con equipos pesados para derribar viviendas habitadas.
Entre los afectados, según los dirigentes, hay niños, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad, lo que agrava la dimensión humanitaria del conflicto.
La denuncia fue presentada por la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco), el Consejo de Desarrollo Comunitario Valiente (Codecoc), la Red Urbana Popular (RUP), la Comisión de Derechos Humanos Filial La Caleta y la Coordinadora de Lucha Popular de La Caleta.
En representación de estas entidades tomaron la palabra Sócrates Peguero, Santo Carbajal Mota, Alexis Rafael Peña, Ángel Molina, José Mieses e Ynocencio Reyes.
Los líderes calificaron las acciones como "arbitrarias" y sostienen que constituyen violaciones al derecho a una vivienda digna y a otros derechos fundamentales reconocidos en la Constitución dominicana y en instrumentos internacionales de derechos humanos.
La demanda central: utilidad pública y titulación
La declaración por el Poder Ejecutivo de terrenos de utilidad pública se alza, argumentan, como el mecanismo legal que permitiría al Estado intervenir formalmente en la regularización de la tenencia de la tierra y avanzar en la entrega de títulos de propiedad a las familias que durante años han ocupado esos espacios.
Para las organizaciones, esta declaratoria no es solo una solución habitacional: es también una herramienta para reducir los conflictos por la tenencia de la tierra y brindar seguridad jurídica a una comunidad que, aseguran, ha esperado demasiado tiempo por una respuesta institucional.
Diálogo como condición mínima
Las organizaciones exhortaron a las autoridades a suspender los desalojos mientras se establece un proceso de diálogo que permita encaminarse hacia una solución pacífica.
La comunidad, advirtieron, "permanecerá unida en defensa de sus derechos", lo que anticipa una eventual escalada del conflicto en caso de que el Gobierno no actúe como lo demandan.
La de La Caleta es una de las decenas de comunidades en la periferia del Gran Santo Domingo en condición de precariedad jurídica sobre los terrenos que habitan, muchas veces por décadas, sin que el Estado haya avanzado de forma consolidada en procesos sistemáticos de titulación.
La Jurisdicción Inmobiliaria y el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) han sido señalados en distintos momentos como instituciones con capacidad de intervenir en estos procesos, pero la coordinación interinstitucional ha sido históricamente insuficiente.
La declaratoria de utilidad pública, aunque viable legalmente, requiere voluntad política expresa del Ejecutivo.
El reclamo llega en un momento en que el gobierno de Abinader ha impulsado proyectos de vivienda de bajo costo en distintas provincias, pero las organizaciones de La Caleta advierten que esas iniciativas no contemplan a las comunidades ya asentadas en terrenos en disputa.
Las organizaciones piden ser escuchadas
El comunicado cierra con un llamado directo a las autoridades para que "escuchen las demandas de las familias afectadas y adopten medidas que garanticen la protección de sus derechos".
La ausencia de respuesta oficial hasta el cierre de esta nota deja abierta la pregunta sobre si el Gobierno está dispuesto a abrir ese diálogo o si los desalojos continuarán.
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