Las acciones legales que la Ministra de Interior y Policía, Faride Virginia Raful Soriano, interpuso contra los comunicadores Ingrid Jorge y Ángel Martínez tienen varios puntos en común, que reflejan un patrón de ataques similares realizados mediante medios digitales.
En ambas querellas, presentadas ante la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, Raful acusa a los imputados de incurrir en difamación, injuria pública y amenazas, utilizando plataformas como YouTube, Instagram y Twitter (X) para lanzar acusaciones graves que, según la funcionaria, carecen de sustento y buscan dañar su imagen y credibilidad como servidora pública.
Tanto Jorge como Martínez la vinculan falsamente con el narcotráfico. En el caso de Ingrid Jorge, se señala que además amenazó con difundir un supuesto video íntimo de la ministra si esta no desistía de sus acciones legales. Por su parte, Ángel Martínez afirmó en varios videos tener en su poder contenido audiovisual comprometiéndola moralmente, al tiempo que sugirió su supuesta cercanía con redes delictivas.
Las dos querellas están fundamentadas en la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, específicamente en sus artículos 21 y 22, que sancionan la difamación e injuria pública cometidas por medios electrónicos, así como en el artículo 367 del Código Penal.
Además, en ambos casos, Faride Raful se constituye en actor civil y exige una indemnización de RD$50 millones por los daños morales y perjuicios sufridos a raíz de estas imputaciones que considera falsas, temerarias y ofensivas.
Las querellas subrayan que estos hechos no solo afectan a la ministra en lo personal, sino que representan un atentado contra la institucionalidad pública, solicitando al Ministerio Público actuar con la debida firmeza para salvaguardar el respeto a la dignidad de los funcionarios y el Estado de derecho.
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