Durante la continuación de la presentación de incidentes en el juicio del caso Medusa, la defensa técnica de Juan Asael Martínez calificó la acusación del Ministerio Público como una “mala práctica procesal”, al considerar que el expediente carece de una pretensión probatoria clara.
Ante las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el abogado Francisco Álvarez Martínez sostuvo que la acusación presentada por el órgano persecutor no se ajusta correctamente a los hechos imputados y que, a su juicio, existe una pretensión probatoria inexistente que sustente el proceso.
Según explicó, el tribunal enfrenta la dificultad de analizar una acusación que, en su opinión, descansa en interpretaciones derivadas de decisiones anteriores y no en una individualización concreta de los hechos ni en su vinculación directa con pruebas específicas.
El jurista argumentó que en la sentencia de la Corte de Apelación no se describe de forma detallada la participación individual ni se establece una manipulación específica de pruebas que vincule a su defendido con los hechos que se le atribuyen.
Durante la audiencia también intervino el abogado Nassef Perdomo Cordero, quien sostuvo que la acusación contra Martínez habría sido modificada en distintas etapas del proceso.
Perdomo explicó que el hecho concreto imputado a Juan Asael Martínez es la presunta formación de una empresa en 2010, cuyas acciones, según el propio Ministerio Público, habrían sido vendidas en agosto de 2016, es decir, antes de los hechos investigados en el proceso, que se sitúan a partir de 2017.
El abogado afirmó que esa situación constituye, a su juicio, una inconsistencia en la acusación y señaló que la imputación se habría ido construyendo a lo largo del proceso mediante recursos y modificaciones posteriores.
Asimismo, indicó que el Ministerio Público habría presentado pruebas en bloque durante el recurso de apelación, lo que, según la defensa, generó nuevas imputaciones que no formaban parte de la acusación original.
Juan Asael Martínez Pimentel está acusado de formar parte de una presunta red que habría manipulado procesos de licitación para la adquisición de alimentos e insumos destinados a los centros penitenciarios, con el objetivo de beneficiar económicamente al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.
Compartir esta nota