Las leyes para proteger a las mujeres existen, pero su aplicación sigue siendo limitada, según el informe Acceso a la justicia para mujeres y niñas en América Latina y el Caribe, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y ONU Mujeres.
El documento señala que todos los países cuentan con normativas para prevenir y sancionar la violencia de género y que 20 han tipificado el feminicidio. Sin embargo, estos avances conviven con altos niveles de impunidad, respuestas judiciales insuficientes y fallas en la protección de las víctimas.
¿El problema? estas entidades identifican la debilidad en la implementación de las leyes como uno de los principales obstáculos. Las medidas de protección no siempre se supervisan adecuadamente, los procesos judiciales suelen ser lentos y, en muchos casos, las mujeres enfrentan revictimización dentro del sistema de justicia.
El informe indica que los sistemas judiciales y los servicios de atención no siempre cuentan con personal especializado, cobertura suficiente ni financiamiento sostenible.
También se señala la persistencia de estereotipos de género en operadores de justicia, lo que incide en la forma en que se reciben las denuncias, se valoran las pruebas y se toman decisiones judiciales.
Advierte, además, que aunque existen leyes que reconocen distintas formas de violencia, como la psicológica o la digital, persisten obstáculos para su aplicación, especialmente por dificultades probatorias y la falta de protocolos especializados.
Asimismo, indica que muchas mujeres no denuncian debido al temor, la desconfianza en las instituciones o las barreras económicas y territoriales, lo que limita su acceso a la justicia.
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