El sistema de justicia de República Dominicana ha dado pasos importantes en su modernización, pero enfrenta desafíos estructurales que limitan el acceso efectivo de la población. Esa es la conclusión central del documento "Transformando la Justicia: del progreso institucional al desarrollo humano", elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con datos del Poder Judicial y otras fuentes oficiales, presentado en el marco de la Conferencia Nacional del Poder Judicial 2026.
Los números del avance
El país ha consolidado logros concretos en transformación digital y gestión judicial. La implementación de la Ley núm. 339-22, que regula el uso de medios digitales en los procesos judiciales, permitió la firma digital de más de tres millones de documentos, con aproximadamente un 66% de los trámites procesados de forma electrónica. A eso se suma una reducción de 21.6 días en el tiempo promedio de solución de asuntos judiciales.
En términos de capacidad resolutiva, el sistema alcanzó un promedio nacional de 94.9 % desde que inició el proceso de cambios en 2020. Estos resultados tienen reconocimiento internacional: según el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project 2025, República Dominicana ocupa el puesto 76 de 143 países, con una mejora del 2.1% en su puntuación general, destacándose como un caso positivo en un contexto global de deterioro institucional.
Las brechas que persisten
Los avances no se distribuyen de manera uniforme en el territorio. El Distrito Nacional, con un índice de desarrollo humano alto, registra una tasa de resolución del 100.5%, mientras que la provincia Santo Domingo reporta un 90.8 % y Montecristi, con desarrollo humano bajo, apenas alcanza el 87.9 %.
El análisis advierte que "el acceso a la justicia no es una abstracción jurídica; es una experiencia vinculada a la proximidad geográfica, la disponibilidad de servicios judiciales y la capacidad de respuesta local."
Un sondeo de opinión complementario —no representativo— reveló que el 36.3 % de las personas usuarias consultadas reportó haber enfrentado algún obstáculo en sus procesos judiciales. Las principales dificultades señaladas fueron, en orden de prioridad: demoras en la resolución de casos, costos legales y deficiencias en la atención. Desde la perspectiva de los profesionales del derecho consultados, los obstáculos más frecuentes que enfrentan los usuarios son el desconocimiento de sus derechos, los costos procesales y la duración de los procesos.
Otro hallazgo relevante: siete de cada diez personas consultadas desconoce la existencia de servicios digitales para consultar sus casos o realizar trámites, lo que evidencia una brecha de información que limita la autonomía de los usuarios.
El presupuesto, en retroceso
A contracorriente de los avances operativos, los recursos destinados al sistema judicial han disminuido. Entre 2021 y 2025, la densidad de jueces por cada 100 mil habitantes bajó de 7.4 a 6.6. En paralelo, el presupuesto del Poder Judicial pasó de representar el 1.05% del presupuesto nacional en 2019 a un 0.87% en 2025. El contraste con la región es marcado: en Costa Rica, el sistema judicial recibe cerca del 4% del presupuesto público.
El documento es enfático al respecto: "Robustecer las capacidades del sistema judicial no debe entenderse como un gasto, sino como una inversión pública estratégica. Una justicia ágil, accesible y predecible es un habilitador indispensable para el desarrollo humano, en coherencia con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, Meta RD 2036 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)."
Las recomendaciones
El análisis propone avanzar en articulación interinstitucional para abordar los desafíos desde una perspectiva integral. Entre las líneas de acción se destacan: una justicia de proximidad con servicios accesibles y cercanos a la ciudadanía, el uso de la tecnología como habilitador, la planificación basada en datos y la implementación de políticas diferenciadas según las características de cada región. También se resalta el rol de los actores comunitarios vinculados a la justicia y la promoción de mecanismos alternativos de solución de conflictos.
Los hallazgos fueron presentados con intervenciones del magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, juez presidente de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, en representación del magistrado presidente Luis Henry Molina; Ana María Díaz, Representante Residente del PNUD en República Dominicana; Gloria Manzotti, Especialista de Acceso a la Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Oficina Regional del PNUD para América Latina y el Caribe; Sócrates Barinas, Economista Senior del PNUD República Dominicana; Alejandro Valerio, Consultor Coordinador del Análisis; y el Dr. Flavio Darío Espinal, jurista y politólogo.
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