La Cámara de Cuentas cuestiona en una auditoría que el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes (MICM) y el Banco de Reservas pagaron más de RD$ 650 millones por encima del valor tasado de un inmueble arrendado a una empresa privada, durante las gestiones de Juan Temístocles Montás y Simón Lizardo en estas dos instituciones.
En 2017, el Ministerio de Industria y Comercio autorizó un contrato de 19 años entre el Banco de Reservas y Diseño Integran SRL para alquilar un edificio, que posteriormente el banco subarrendó al ministerio para sus oficinas. Según el órgano fiscalizador, esto violó la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones del Estado.
El contrato financiero, vigente hasta el año 2036, también fue aprobado por Juan Manuel Guzmán Ibarra, quien en ese momento ocupaba los cargos de administrador general y subadministrador de Negocios Gubernamentales, según documenta la auditoría.
Los investigadores encontraron contradicciones en los informes de tasación remitidos por el banco. En una parte se indica que el valor del inmueble era de RD$ 848,838,000, mientras que en otra se establece en US$ 31,000,000.00 (aproximadamente RD$ 1,464,750,000), siendo este último el monto acordado, lo cual ha captado la atención de la Cámara de Cuentas.
En diciembre de 2016, la Dirección General de Administración y Riesgo del Banco de Reserva realizó la tasación inicial GV-2017-3257 del inmueble, determinando un valor de mercado de RD$ 840,838,000 y otro de RD$ 814,595,488.88 en el mismo informe, resultando en dos valores distintos.
El segundo informe del 15 de mayo de 2017, identificado como GV-2017-1316, elaborado por la misma Dirección General Financiera, eleva el valor del inmueble a RD$ 1,468,601,033.90, mucho más alto que los valores anteriores, según el estudio de la CCRD.
La investigación financiera identificó una discrepancia de RD$ 650,154,512 entre la tasación inicial de RD$ 840,838,000 y la evaluación subsecuente de RD$ 1,468,601,033, sin que se haya presentado evidencia justificativa, según lo indicó el órgano de control externo.
La auditoría plantea dudas sobre la razón por la cual el Banco de Reservas optó por la última tasación, rechazando la anterior que establecía un menor monto, en violación del artículo 138 de la Constitución que establece:
"La administración Pública está sujeta en su actuación a los principios de eficacia, jerarquía, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con sometimiento pleno al orden jurídico del Estado", reza la Carta Magna.
Un pinto cuestionado el informe es que los contratos entre Diseño Integran y el Banco de Reserva (19 de enero de 2017), y entre el Ministerio de Industria y Comercio y la misma entidad bancaria (24 de enero de 2017), la transacción se completó en solo cinco días hábiles, lo cual llama la atención debido al valor del inmueble.
La experticia también indica que el precio de venta del edificio mencionado fue igual al monto del arrendamiento financiero entre el banco y el Ministerio, lo genera dudas sobre la transparencia del proceso, según la parte legal del informe.
De su lado, Ulises Morla Pérez, director jurídico, y José Ramón Cerda, director administrativo, informaron a la Cámara de Cuentas que no podían explicar si el Ministerio de Industria y Comercio conocía el precio de venta del inmueble, ya que dicha información no cuenta en el expediente administrativo.
Añaden, "En lo relativo al tema de la Tasación, no tenemos información para explicar esto, pues no reposa evidencia en el expediente administrativo; sin embargo, esta dirección administrativa se enteró de la situación en una reunión de finales de agosto de 2020, en las oficinas del Banco de Reservas, donde se nos indicó que la primera tasación fue por aproximadamente RD$ 800 millones de pesos, y luego una segunda tasación arrojó una tasación de aproximadamente RD$ 1,300 millones de pesos (…)"
De su lado, el Pleno de la Cámara de Cuentas recomienda al ministerio cumplir con la Constitución y la Ley 340-06 al suscribir contratos para la adquisición de bienes y servicios en procesos de compras y contrataciones, tanto muebles como inmuebles.
También afirma que el MICM empleó una figura no prevista en la normativa de contratación pública, junto con un direccionamiento al Banco de Reserva, para arrendar ese inmueble específico, lo que configuró una exclusión y evitó un debido procedimiento de selección.
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