La Contraloría General de la República (CGR) dispuso un nuevo mecanismo de socialización de los informes preliminares de auditoría interna con las máximas autoridades de las entidades auditadas, con el objetivo de garantizar el derecho a réplica y evitar alegatos de desconocimiento sobre los hallazgos.
El contralor general, Geraldo Espinosa, informó que, sin importar el período evaluado ni el tipo de auditoría realizada, los informes serán presentados y discutidos directamente con los titulares de las instituciones y los funcionarios vinculados a los procesos examinados.

Las entidades auditadas contarán con un plazo de 12 días calendario para presentar evidencias documentales y argumentos técnicos como parte de su proceso de defensa.
Primeras reuniones bajo el nuevo esquema
Como parte de la implementación del procedimiento, el contralor y su equipo técnico sostuvieron un encuentro con el director del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape) para analizar el informe preliminar correspondiente al período agosto 2020–agosto 2024.

Asimismo, la CGR informó que también fue discutido el informe preliminar de la auditoría practicada al Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), bajo el mismo esquema de presentación directa y apertura al proceso de descargo institucional.
Estas reuniones forman parte de una agenda que la Contraloría continuará desarrollando con distintas entidades estatales para institucionalizar este procedimiento dentro del ciclo ordinario de auditorías.
Enfoque preventivo y garantista
Según la institución, la medida busca consolidar un modelo de control más participativo, preventivo y garantista, fortaleciendo el derecho a la defensa de los entes auditados y elevando la calidad técnica de los informes finales.
La CGR destacó que este mecanismo también fortalece la seguridad jurídica, la transparencia y la credibilidad de los procesos de control, al asegurar que las conclusiones finales estén sustentadas en información contrastada y debatida técnicamente.
Además, permitirá a las instituciones identificar oportunamente debilidades administrativas, corregir fallas en los controles internos y adoptar medidas preventivas antes de la emisión definitiva de los informes.
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