La necesidad de construir políticas de Estado, fortalecer las instituciones migratorias y garantizar el respeto de los derechos humanos concentró el debate entre especialistas durante un panel celebrado tras la presentación del libro La diplomacia dominicana ante la crisis haitiana 2024-2026: Más discursos y escritos clave.
Ello, en un contexto en el que la situación de Haití continúa representando uno de los principales desafíos para la República Dominicana.
Durante el conversatorio, moderado por el vicepresidente ejecutivo de FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán, el jurista y diplomático Flavio Darío Espinal sostuvo que las políticas públicas vinculadas con asuntos complejos requieren mecanismos de concertación que permitan trascender los cambios de gobierno.
Espinal afirmó que la unanimidad resulta prácticamente imposible en temas de alta sensibilidad política, aunque defendió la necesidad de alcanzar consensos mínimos que sirvan de base para una estrategia nacional sostenida.
En ese sentido, señaló que espacios institucionales como el Consejo Económico y Social favorecen el intercambio de posiciones y la construcción de acuerdos que posteriormente pueden traducirse en legislación, directrices gubernamentales o posturas conjuntas ante organismos internacionales.
El jurista advirtió que la crisis haitiana posee un carácter estructural que obliga a mantener una coordinación permanente entre los principales actores políticos del país, aunque reconoció que el disenso continuará formando parte del debate democrático.
Política migratoria e institucionalidad
Plantean avances en los controles y en la protección de derechos
La abogada y articulista Marisol Vicens centró su intervención en la evolución de la política migratoria dominicana y en los esfuerzos para fortalecer las capacidades operativas de la Dirección General de Migración.
Según expuso, las reformas administrativas, la mejora de los procesos logísticos y la implementación de protocolos más estrictos han contribuido a reforzar los mecanismos de supervisión de las actuaciones oficiales.
Vicens recordó que durante años existieron denuncias sobre presuntas irregularidades en procedimientos migratorios, incluidas deportaciones de mujeres embarazadas y menores sin acompañamiento, así como reportes de robos de pertenencias y abusos sexuales, situaciones que evidenciaban debilidades institucionales.
A su juicio, la disminución de ese tipo de denuncias reflejaría una mayor capacidad del Estado para compatibilizar el ejercicio de su soberanía con el respeto del marco jurídico nacional y de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Un desafío de largo plazo
Los participantes coincidieron en que la crisis haitiana seguirá condicionando la agenda política y migratoria de la República Dominicana, por lo que consideraron necesario mantener políticas públicas sostenidas en el tiempo, respaldadas por acuerdos políticos amplios y por instituciones con capacidad para aplicar la ley dentro de los parámetros del Estado de derecho.
La política migratoria y las relaciones con Haití han ocupado un lugar central en el debate público dominicano durante los últimos años, impulsando discusiones sobre seguridad fronteriza, cooperación internacional, soberanía y protección de los derechos humanos.
Diversos sectores han planteado la necesidad de que las estrategias adoptadas trasciendan los ciclos electorales y se conviertan en políticas de Estado con respaldo multipartidario.
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