El Consejo del Poder Judicial (CPJ) aprobó, durante su sesión ordinaria número 14-2026, la presentación de 28 traslados de jueces y juezas de paz, como parte de las acciones de movilidad institucional orientadas a fortalecer el servicio judicial en distintas localidades del país.
La medida consiste en el traslado voluntario de jueces y juezas de paz de una localidad a otra, luego de evaluar tanto las necesidades de los tribunales como las solicitudes presentadas por los propios magistrados. Con este proceso, el órgano judicial busca responder de manera más eficiente a la demanda de servicios en las demarcaciones donde se requiere mayor capacidad operativa.
Mejor distribución del servicio judicial
De acuerdo con el Consejo del Poder Judicial, la movilidad aprobada aporta diversas mejoras al funcionamiento de los tribunales, entre ellas una mejor distribución de la carga de trabajo, el fortalecimiento de la capacidad de respuesta en las jurisdicciones donde más se necesita y la reducción de los tiempos de desplazamiento para los magistrados trasladados.
La institución destacó, además, que estos movimientos preservan los derechos, la antigüedad y la trayectoria de los jueces y juezas dentro de la Carrera Judicial, garantizando que el proceso se realice conforme a los criterios institucionales establecidos.
Traslados impactarán ocho departamentos judiciales
La distribución geográfica de los traslados aprobados impactará ocho de los once departamentos judiciales del país, con un total de 28 plazas a ser cubiertas.
De acuerdo con la asignación aprobada, un juez o jueza será trasladado al Distrito Nacional, cuatro a Santo Domingo, siete a San Cristóbal, dos a Santiago, cinco a La Vega, dos a San Francisco de Macorís, uno a Puerto Plata y seis a San Pedro de Macorís.
Nuevas vacantes para egresados de la ENJ
El Consejo del Poder Judicial informó que estas movilizaciones también abren vacantes que permitirán la inserción de una nueva generación de profesionales egresados de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ).
Con esta medida, el Poder Judicial procura fortalecer la continuidad del servicio, mejorar la cobertura territorial de los tribunales de paz y garantizar una respuesta más oportuna a la ciudadanía en las distintas demarcaciones judiciales.
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