Cuatro hombres fueron condenados a penas de entre cinco y diez años de prisión por integrar una estructura que sustrajo fondos públicos destinados a familias vulnerables a través del programa de asistencia social Quédate en Casa, implementado durante la pandemia de la COVID-19.

El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de San Juan de la Maguana impuso diez años de prisión a Daniel Villegas Aquino (Pocholo), quien también deberá pagar una indemnización de RD$ 2 millones a la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) y una multa equivalente a 500 salarios mínimos del sector público.

Ambriori Encarnación Ubrí y Héctor Leury Ortiz de la Rosa recibieron condenas de siete años de prisión cada uno, además de indemnizaciones individuales de RD$1 millón y multas equivalentes a 250 salarios mínimos del sector público.

En tanto, Rikelvin Alcántara Reyes fue condenado a cinco años de prisión, al pago de RD$1 millón de indemnización y una multa equivalente a 100 salarios mínimos del sector público.

Las indemnizaciones suman RD$ 5 millones y fueron establecidas a favor de la ADESS, actualmente Dirección de Desarrollo Social Supérate, por los daños ocasionados al Estado mediante las operaciones fraudulentas.

El tribunal también ordenó decomisar a favor del Estado cerca de RD$1 millón ocupado a Villegas Aquino.

Así operaba la estafa a los beneficiarios de Quédate en Casa

Según la acusación del Ministerio Público, la estructura utilizaba datos personales y códigos de beneficiarios de los programas sociales para realizar transacciones fraudulentas mediante dispositivos electrónicos de pago, conocidos como verifones, vinculados a establecimientos comerciales.

El esquema afectó recursos del programa Quédate en Casa, creado durante la emergencia sanitaria para proporcionar asistencia económica a familias dominicanas en condiciones de vulnerabilidad.

Durante los allanamientos realizados como parte de la investigación fueron ocupados equipos electrónicos, dispositivos de procesamiento de pagos, memorias digitales, documentos y dinero en efectivo.

Los análisis forenses practicados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), junto con las evidencias recolectadas, fueron presentados por el Ministerio Público para sustentar la acusación.

El expediente también establece que el dinero obtenido mediante las operaciones fraudulentas era utilizado para adquirir bienes y desarrollar actividades comerciales con las que los implicados buscaban aparentar un origen lícito de los recursos.

La acusación incluyó los delitos de estafa agravada, estafa electrónica, asociación de malhechores para cometer estafa contra el Estado y lavado de activos, conforme al Código Penal y las leyes 53-07 y 155-17.

Ministerio Público apelará absolución de otros cuatro acusados

El tribunal también absolvió a Manuel Alcántara Matos, Ernesto Mendieta Ogando, Sergio Alexander Bidó Nova y Juan José Polanco Fernández, decisión que el Ministerio Público anunció que recurrirá en apelación.

Durante el proceso, el órgano acusador había solicitado condenas superiores a las finalmente impuestas.

Para Daniel Villegas Aquino y Ambriori Encarnación Ubrí pidió 20 años de prisión; para Héctor Leury Ortiz de la Rosa y Rikelvin Alcántara Reyes, 15 años.

En cuanto a los cuatro procesados que resultaron absueltos, solicitó diez años de prisión para Manuel Alcántara Matos, Ernesto Mendieta Ogando y Sergio Alexander Bidó Nova, y cinco años para Juan José Polanco Fernández.

El Ministerio Público también había solicitado el decomiso de tres vehículos ocupados durante un allanamiento en la vivienda de Villegas Aquino, además de otros bienes incautados en una intervención realizada en la residencia de Encarnación Ubrí.

El tribunal que dictó la sentencia estuvo integrado por los jueces Edward Augusto Gerónimo Sánchez, quien lo presidió, Blaury Luciano Ferreras y Luis Manuel Marte Leonardo.

Los cuatro condenados cumplirán sus penas en la cárcel pública de San Juan de la Maguana y en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Elías Piña, según lo dispuesto en la sentencia.

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